Casillero

Se trata de un tema del que poco se habla, pero que se refiere al hecho de que, a diferencia de los que trabajamos en la iniciativa privada, los funcionarios públicos poco o nada tributan, pues solo les es gravado el concepto de sueldo (que es la cantidad menor de sus ingresos), mientras que lo que perciben como sobresueldo, compensaciones, etc., están exentas de tributo alguno. En la iniciativa privada, cualquier concepto de ingreso acumula para el pago de impuestos y peor aún, se establece la obligación a las empresas, de ser retenedores de impuestos de aquellos con quienes trabajen o sean sus proveedores. En el caso de los trabajadores de gobierno se llega al extremo de que algún Secretario de Estado o Ministro de la Corte tienen como sueldo 500 pesos y compensaciones de mas de 100 mil pesos al mes. Esos funcionarios si pagan impuestos, pero lo hacen sobre 500 pesos y no por el sueldo real que perciben. Este esquema de “beneficios” data de hace décadas y aunque se ha querido regularizar, poco se ha logrado al respecto. A pesar de que ahora el SAT obliga a todo empleador a “timbrar” las facturas y los pagos que se realizan a los empleados, esto no ha sido observado por el gobierno, que dicho sea de paso, es el principal empleador en el país y el primero que incumple con estas obligaciones tributarias. Queda muy claro que por más interés de la autoridad en regularizar de golpe esta añeja situación, causaría grandes conflictos, pues por un lado si les empezara a descontar de golpe los impuestos que verdaderamente tienen obligación de enterar, la percepción de los empleados se vería notoriamente disminuida y se correría el riesgo de que éstos presentaran una gran cantidad de demandas laborales las cuales seguramente ganarían, obligando a la autoridad a erogar recursos no presupuestados para cubrir estoas contribuciones. Estas medidas no son nada populares y seguramente provocarán malestar e incluso manifestaciones de personas que se nieguen a vivir dentro de la ley. Es probable que nazca un “barzón” de burócratas, pero vale la pena el costo político. Considero que este es el momento preciso para hacer los cambios fiscales a los miles de trabajadores de gobierno, a propósito del nuevo cambio de régimen y sobre todo si es que prospera la propuesta en el sentido de reducir los sueldos de la alta burocracia, bien valdría la pena incluir en el nuevo esquema salarial el pago correcto de impuestos. Ya es tiempo de que todos paguemos impuestos , pero en las mismas condiciones. Ojalá que estos esquemas de regularización fiscal lleguen pronto a los demás sectores de la población, como son los taxistas, vendedores ambulantes, lavacarros, etc., con objeto de que la carga tributaria sea cada día un poco más pareja.