Suspenden temporalmente a funcionario municipal de Tijuana investigado por abuso de funciones
La Sindicatura Procuradora mantiene dos investigaciones por posibles irregularidades en un oficio relacionado con una sobreposición catastral y una prórroga de licencia de construcción para el desarrollo Up Town.
Tijuana, B.C.- La Sindicatura Procuradora de Tijuana solicitó la suspensión temporal de Erik Enrique Lazcano Portillo, funcionario municipal investigado por presunto abuso de funciones en dos procedimientos administrativos relacionados con el desarrollo habitacional Up Town, ubicado en El Mirador de La Mesa.
El primer expediente corresponde a una denuncia relacionada con un oficio sobre una sobreposición catastral y posibles omisiones respecto a las amenidades del desarrollo habitacional.
El segundo procedimiento deriva de una prórroga de licencia de construcción emitida el 8 de junio de 2026, presuntamente sin atender las restricciones establecidas por una resolución judicial.
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Investigan prórroga de licencia de construcción
De acuerdo con la denuncia, al momento de otorgarse la prórroga existían daños en inmuebles colindantes y una resolución del Tribunal Unitario Contencioso Administrativo Municipal de Tijuana que establecía límites a los trabajos permitidos en el predio.
La resolución autorizaba únicamente las labores indispensables para estabilizar el terreno y construir o concluir el muro de contención, sin permitir la continuación general del proyecto habitacional ni la ejecución de obras adicionales.
Entre los trabajos que no estaban autorizados se encontraban la construcción de viviendas, la urbanización y los movimientos adicionales de tierra, al considerarse actividades distintas a las necesarias para estabilizar el terreno.
Indagan posible abuso de funciones
La investigación busca determinar si el funcionario incurrió en un uso indebido de sus atribuciones al otorgar la prórroga de la licencia de construcción sin atender las restricciones judiciales y las disposiciones de la Dirección de Protección Civil.
La conducta señalada podría constituir una falta administrativa grave por abuso de funciones, prevista en el artículo 57 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
La Sindicatura aclaró que la existencia de una investigación administrativa no significa que el funcionario haya sido declarado responsable.
Debido a que los hechos investigados podrían constituir una falta grave, el caso será turnado al Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, para que las autoridades competentes valoren las pruebas y determinen lo procedente.
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