Ven positivo decreto digital para proteger a menores

La presidenta de la Barra de Abogadas Lic. María Sandoval de Zarco consideró positivo el decreto de la presidenta de México Claudia Sheinbaum para proteger a niñas, niños y adolescentes de contenidos violentos en plataformas digitales.

Estefanía Campos García señaló que el decreto debe sustentarse en la legislación vigente y que cualquier sanción a las plataformas digitales por incumplimiento requiere estar previamente establecida en la ley.

Explicó que el decreto busca prevenir situaciones de acoso y ciberacoso en redes sociales, así como posibles delitos relacionados con la trata de personas, la explotación sexual infantil y el bullying.

La medida, dijo, se apoya en el artículo cuarto constitucional y en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que establece obligaciones para proteger a las infancias.

Campos García consideró que la disposición representa un punto de partida para visibilizar los riesgos que enfrentan los menores en entornos digitales y la necesidad de establecer medidas para proteger sus derechos.

“Desde mi punto de vista veo que es algo positivo, el proteger de una mejor manera a las infancias, el punto yo creo que a revisar es que este decreto no busque imponer sanciones que no estén ya establecidas previamente en la ley”, expresó.

Indicó que si se busca imponer sanciones por incumplir el decreto, será necesario regular la ley para establecer específicamente las disposiciones correspondientes, ya sean sanciones administrativas o delitos derivados de esos incumplimientos.

Agregó que la responsabilidad de prevenir estos riesgos no corresponde únicamente a las plataformas o al Estado, sino también a madres, padres y tutores, quienes deben supervisar el uso de redes sociales.

“Como padres tenemos una responsabilidad de cuidado, de intervención, de protección, de vigilancia, de ver de qué manera están interactuando nuestros hijos en redes sociales”, enfatizó.

El decreto anunciado por la presidenta Claudia Sheinbaum establece un plazo de 30 días naturales para que las plataformas digitales informen sobre las medidas adoptadas para proteger a niñas, niños y adolescentes de contenidos violentos y otras publicaciones perjudiciales para su desarrollo.