Permanece pendiente firma de protocolo de seguridad para abogados en Baja California

Tijuana, BC.- La firma del protocolo de seguridad para abogados en Baja California continúa pendiente, informó el presidente de la Federación Estatal de Barras, Colegios y Asociaciones de Abogados de Baja California (Fedabo).

David Jesús Rincón Rey explicó que hace aproximadamente tres semanas se acordó que el documento ya no tendría más modificaciones; sin embargo, las autoridades estatales aún no han definido una fecha para su firma.

Señaló que han mantenido comunicación con la Secretaría General de Gobierno para conocer cuándo podría concretarse este paso, pero hasta el momento la respuesta ha sido que el tema sigue en revisión.

Tijuana

Ejercicio de la abogacía exige actualización constante ante cambios legales

Añadió que la semana pasada también sostuvo comunicación con el subsecretario de Gobierno para solicitar una reunión en la que pudiera formalizarse la firma, aunque todavía no ha recibido una fecha.

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La preocupación aumenta por los hechos de violencia

Rincón Rey consideró que la demora podría estar relacionada con la búsqueda de un espacio en la agenda de la gobernadora Marina del Pilar Avila Olmeda, aunque aclaró que se trata únicamente de una apreciación personal.

Recordó que el compromiso planteado previamente era que la mandataria estatal estuviera presente durante la presentación del protocolo, por lo que las autoridades podrían estar definiendo una fecha para realizar el acto.

Subrayó que es necesario agilizar el proceso ante los hechos violentos registrados contra integrantes del gremio, entre ellos casos ocurridos recientemente en Ensenada y Tijuana.

Como ejemplo, mencionó el asesinato del abogado Javier López Reyna, ocurrido recientemente en Tijuana, y advirtió que mientras el protocolo no sea implementado el gremio continuará sin este mecanismo de protección.

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Una ruta de respuesta ante situaciones de riesgo

El protocolo comenzó a elaborarse de manera conjunta entre la Fedabo y autoridades estatales con el propósito de establecer una ruta de respuesta ante amenazas o situaciones de riesgo relacionadas con el ejercicio profesional de las abogadas y los abogados.

Entre las medidas propuestas se contempla un mecanismo de alerta para solicitar atención de las autoridades, así como canales de comunicación y seguimiento para los integrantes del gremio que enfrenten situaciones de riesgo.