Familia de maestra asesinada en Michoacán por un menor, pide avances en investigación a un mes del caso
Cristian Madrigal, hermano de la víctima señaló falta de contacto con autoridades y planteó revisar el marco legal aplicable a menores involucrados en delitos graves.

Tijuana BC.- Desde la ciudad de Tijuana, familiares de una de las maestras asesinadas en Michoacán por un menor de edad solicitó avances en la investigación a un mes del caso, al señalar la falta de contacto con autoridades y plantear la revisión del marco legal aplicable a menores involucrados en delitos graves.
Cristian Madrigal, quien vive en esta ciudad fronteriza desde hace varios años y hermano de la víctima, expuso que se cumplió un mes del caso de Tatiana Madrigal Bedolla y María del Rosario Sagrero Chávez, ambas asesinadas en la preparatoria Antón Makárenko de Lázaro Cárdenas, Michoacán.
En los primeros días, dijo que el caso recibió mensajes de distintas partes debido a la difusión del hecho, mientras que posteriormente la atención disminuyó y la familia ha continuado solicitando avances en las investigaciones correspondientes.
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El ataque
El ataque ocurrió dentro del plantel educativo y fue cometido por un joven de 15 años, por lo que el caso debe considerarse para analizar la legislación vigente relacionada con menores involucrados en delitos graves, detalló.
Cristian Madrigal refirió que hasta el momento no ha tenido acercamiento con la fiscalía ni con autoridades estatales y que la única orientación recibida ha sido por parte del representante de la Comisión de Derechos Humanos en Michoacán.
Mira, yo no tengo un acercamiento ni con la Fiscalía ni con nadie del Estado”
Declaró.
Estado del proceso
Dijo que solicitó establecer comunicación con el fiscal del Estado y con el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla para conocer el estado del proceso, así como garantizar que el caso avance conforme a las disposiciones legales correspondientes.
Sobre el cuestionamiento de mensajes amenazantes en planteles de Baja California, comentó que autoridades y legisladores deben definir mecanismos para atender este tipo de casos y evitar la repetición de situaciones similares en distintos puntos del país.
El caso dijo que no es aislado, pues señaló que se han registrado reportes de amenazas en planteles educativos en distintas entidades del país, incluyendo casos en Michoacán, Baja California, Puebla y Estado de México, sin que se haya claridad de acciones específicas por parte de autoridades.
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