Por fallas, la FGE deberá pagar daños a familia de dentista asesinada en TJ
La Comisión Estatal de Derechos le señaló la falta de actuación para proteger a la mujer, quien había denunciado a su ex pareja por violencia y había solicitado medidas de protección.
Tijuana, BC.- La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Baja California (CEDHBC) ordenó a la Fiscalía General del Estado (FGE) pagar la reparación de daños a la familia de María Fernanda, la dentista asesinada en Tijuana y quien había denunciado en la dependencia a su expareja por violencia familiar y causar destrozos a su consultorio en la colonia Ermita.
Esto que quedó expuesto en la Recomendación 2/2026, firmada por el Ombudsman Jorge Álvaro Ochoa Orduño, y dirigida a la titular de la FGE, María Elena Andrade Ramírez.
En ella se establece que esta última en máximo 15 días para aceptar la Recomendación y máximo tres meses tendrá que responsabilizarse de la indemnización que requieran las víctimas indirectas del asesinato de la dentista en cuanto a servicios, psicológicos, físicos, mentales, emocionales, lesiones y económicos.
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Diversas fallas de la Fiscalía General
Asimismo, registrarlas en el Registro Estatal de Víctimas de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Baja California.
La CEDHBC recordó que el homicidio de María Fernanda ocurrió el 12 de agosto de 2021 en la colonia Ermita, donde atendía a sus pacientes. Y el 13 de ese mismo mes la CEDHBC abrió el expediente
Expediente CEDHBC/TIJ/Q/289/21/IVG.
En esta se constató que la víctima había denunciado al presuntamente responsable en dos ocasiones por violencia doméstica y causar destrozos en su consultorio.
La Comisión señaló diversas fallas de la Fiscalía General del Estado (FGE) en este caso, ya que la víctima había pedido a la dependencia seguridad debido a los ataques por parte de su ex pareja y temía por la seguridad de sus hijas y la de ella misma.
Las fallas fueron las siguientes: violación a sus derechos a la vida libre de violencia y seguridad jurídica por la falta de investigación, otorgamiento de medidas de protección y al acceso a la atención gubernamental, en los cuales se involucraron los servidores públicos.
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