Debaten adelantar revocación de mandato a 2027 y ajustes a consultas populares

Tijuana, BC.- Ante la propuesta de adelantar la revocación de mandato a 2027 y celebrarla junto con las elecciones intermedias, también se analizan modificaciones a los requisitos de las consultas populares, indicó Guadalupe Salmorán Villar, investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.

Explicó que la revocación de mandato fue incorporada a la Constitución como un mecanismo de participación ciudadana que permite concluir anticipadamente el encargo del Ejecutivo Federal o de las gubernaturas cuando exista inconformidad social.

En su diseño original, señaló que la figura buscaba fortalecer el control ciudadano sobre el poder político, aunque en los últimos años ha operado más como un instrumento de ratificación del Ejecutivo.

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Este uso atípico ha permitido que quien ocupa la presidencia aparezca nuevamente en la boleta para confirmar su respaldo electoral cuando las condiciones políticas le son favorables, enfatizó.

Hemos visto un uso atípico en estos mecanismos de participación ciudadana, ya no como un mecanismo para la ciudadanía inconforme”, declaró.

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Salmorán Villar advirtió que en el marco del debate sobre la reforma electoral actualmente en discusión, se ha planteado adelantar el ejercicio para que coincida con las elecciones intermedias del siguiente año.

Consideró que realizar la revocación en la misma fecha que los comicios legislativos podría generar efectos de arrastre en la votación, no solo en la renovación del Congreso sino también en elecciones judiciales.

La propuesta en análisis contempla únicamente la revocación presidencial y no la de gubernaturas, aunque reconoció que el tema ha estado presente en el discurso político desde la administración anterior.

Aunque la Constitución permite someter a consulta temas de trascendencia nacional, en principio estos mecanismos están previstos para evaluar políticas públicas y decisiones gubernamentales, añadió.

Salmorán Villar mencionó que hasta ahora no existe una iniciativa formal presentada sobre estos cambios, por lo que los ajustes en materia de revocación y consultas permanecen dentro del debate legislativo.