Necesario reforzar sanciones por casos de empresas golondrinas

Tijuana BC.- Se necesita reforzar las sanciones y establecer fianzas para garantizar el cumplimiento de obligaciones laborales hacia los trabajadores afectados por empresas golondrinas, consideró el socio del despacho Cervantes-Quijano, Roberto Quijano Sosa.

Aseveró que el sector empresarial tiene una gran responsabilidad legal y ética con los trabajadores, aun cuando en Baja California el cierre o declaración en quiebra de organizaciones de forma repentina sin indemnizar a empleados no es tan común.

Si bien es importante reforzar las sanciones, consideró que esta modalidad no es exactamente un delito, en relación al apartado de la iniciativa de reforma que contempla dar hasta 4 años de cárcel.

Tijuana

Advierten sobre la falta de reglamento en empresas

La propia ley establece sanciones para este tipo de establecimientos, respetuosamente pienso que no es un delito, es una falta grave para los trabajadores, pero la propia Ley Federal del Trabajo establece indemnizaciones”

Dijo.

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Normativa federal

Quijano Sosa explicó que en la normativa federal, una de las causales cuando de manera abrupta e ilegal el patrón termina la relación de trabajo es pagar al trabajador 90 días de trabajo, más 20 días adicionales por año de antigüedad.

El abogado patronal insistió en que esta conducta no amerita una sanción penal, aunque sí pudiera haber un escenario meritorio en el caso de las retenciones, pero aclaró que eso corresponde a la autoridad fiscal.

“En este caso es una sanción económica, no es una sanción corporal de cárcel, porque estimamos que no es un delito, pudiera haber un delito en materia fiscal cuando no se realizan las retenciones o los enteros correspondientes”, añadió.

Otra iniciativa

Otra iniciativa para combatir este tipo de incidentes sería exigir a los patrones una fianza para garantizar los derechos de los trabajadores, determinado por el número de empleados, mencionó el especialista laboral.

Quijano Sosa comentó que esto pudiera darse con las autoridades estatales como intermediarios, depositando un monto determinado de fianza que garantice, económicamente, cuando menos los derechos básicos económicos.

“Cuando menos sus derechos básicos, que son vacaciones, aguinaldo, prima de antigüedad, porque imagínate un trabajador que trabajó 10 o 15 años y la empresa lo abandona ¿dónde quedaría su antigüedad?”, finalizó.