BC defiende acción legal por planta fotovoltaica; niegan persecución política contra ex Gobernador

Rosarito, BC.- El director de la Consejería Jurídica del Estado, Juan José Pon Méndez, aseguró que el contrato firmado en la administración estatal anterior para el desarrollo de una planta fotovoltaica en Baja California sí contemplaba la construcción de un centro de generación de energía, contrario a los argumentos del exgobernador Jaime “N”.

El funcionario explicó que tanto la convocatoria emitida en 2020 como el contrato plurianual establecen claramente como objetivo la construcción de una planta de energía mediante celdas fotovoltaicas.

Eso está en el contrato. No es una interpretación, está expresamente señalado”, subrayó.

Agregó que, en su momento, la entonces titular de la Secretaría de Energía, Rocío Nahle García, advirtió mediante oficio que los estados no eran competentes para realizar ese tipo de licitaciones, señalando que la única autoridad facultada era la federación y a pesar de ello, el proceso continuó y derivó en la firma del contrato.

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Vinculan a proceso al exgobernador de BC, Jaime ‘N’

Pon Méndez calificó el acuerdo como “leonino”, al señalar que obligaba al Estado a realizar pagos incluso sin que la planta fuera construida e indicó que, de no haberse actuado legalmente, Baja California ya habría desembolsado más de 6 mil millones de pesos sin recibir suministro de energía.

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Además, informó que el pasado 12 de febrero un tribunal colegiado resolvió a favor del Estado un recurso de inconformidad promovido por la banca, que exigía el pago de dos constancias de inversión y de haberse perdido ese litigio, dijo, el gobierno estatal habría tenido que pagar alrededor de 3 mil 758 millones de pesos adicionales.

El cobro se basa en una supuesta construcción que no existe, si visitas el sitio donde se pretendía desarrollar el proyecto y no hay absolutamente nada”, afirmó.

Añadió que las declaraciones que niegan la finalidad del contrato “no solo no son creíbles, sino que resultan ofensivas para la inteligencia de los bajacalifornianos”.

Por su parte, la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda rechazó durante la “Mañanera” que se realizó en Rosarito, que exista motivación política en las acciones legales emprendidas contra exfuncionarios vinculados al caso.

Este proceso inició desde el arranque de la administración y no hay ningún tinte político. Estamos hablando de miles de millones de pesos y de un daño potencial al erario”, declaró.

Ávila Olmeda precisó que hasta el momento suman nueve personas vinculadas al proceso, y en total son diez los implicados en las investigaciones relacionadas con el contrato de la planta fotovoltaica.