Defenderán Santa Anita sin el apoyo de municipio

Ante la falta de información de la autoridad municipal y la incertidumbre por el rumbo que ha llevado el conflicto territorial entre Ensenada y Playas de Rosarito, ciudadanos buscarán realizar la defensa de Santa Anita por su cuenta.

Grupos organizados, apoyados por la diputada federal, Eloísa Talavera Hernández, presentarán un recurso jurídico ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que los ciudadanos puedan ser parte interesada en el juicio y darle claridad al proceso

El presidente del Consejo Consultivo Económico de Ensenada (CCEE), Carlos Ibarra Aguiar, dijo que en repetidas ocasiones han enviado solicitudes por escrito al presidente municipal, Marco Novelo, para reunirse con el grupo Interdisciplinario para la Defensa del territorio de Ensenada, sin embargo, han sido ignorados.

“Hemos solicitado reunirnos con el área jurídica y no recibimos respuesta, sin embargo, hemos seguido insistiendo por la importancia del tema y en el Consejo Coordinador Empresarial hemos hablado sobre la falta de acercamiento del Alcalde en estos temas”, lamentó.

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En ese sentido, la diputada Eloísa Talavera resaltó que la finalidad del recurso jurídico denominado “Amicus Curiae” o “Amigos de la Corte” es ofrecerle a la SCJN, elementos de juicio confirmatorios de que carece de validez el Decreto 684 aprobado por el pleno de la XXI Legislatura del Congreso del Estado de Baja California el 28 de septiembre de 2016.

Recordó que ese decreto aprobó el dictamen 137, que dio el fallo a favor de Playas de Rosarito despojando a Ensenada de 168 kilómetros de extensión territorial.

Talavera Hernández indicó que es invalido el decreto 684 de la XXI legislatura del congreso del estado porque en el procedimiento seguido para emitirlo no se respetaron los principios generales del derecho ni se acató lo dispuesto en el código de procedimientos civiles para el estado de Baja California, con lo cual se violaron las garantías de audiencia, legalidad y seguridad jurídica.

Además, dijo que el decreto 684 es inválido porque en el procedimiento seguido para emitirlo, se violaron las normas que regulan los trámites en el Congreso del Estado de Baja California y fue aprobado con una dispensa de trámite contraria a la ley.

Cuando aprobaron el dictamen 137, en flagrante violación a la garantía de audiencia del ayuntamiento de Ensenada, resulta invalido el decreto 684 emitido por el pleno de la XXI legislatura del Congreso del Estado de Baja California, sentenció.