Filtro ‘antinarco’

Ante los graves escándalos y acusaciones contra políticos y servidores públicos por presuntos vínculos con criminales y la delincuencia organizada, se pretende poner lupa a los futuros aspirantes a un cargo de elección popular con un filtro “antinarco” llamado Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas.

Ese órgano del INE quedó como una instancia mediadora porque sus integrantes pasarán en sobre cerrado los datos de precandidatos y candidatos para que sean revisados a detalle por las dependencias financieras y de seguridad a nivel nacional y estatal.

Así que de entrada el Instituto Nacional Electoral, presidido por la consejera Guadalupe Taddei, pone la responsabilidad en los partidos para que se encarguen de detectar si hay algún riesgo de nexos con el narcotráfico, investigación o algún antecedente delictivo.

Y es que términos como “narcopartidos” o “narcogobiernos” se han repetido, como lo señalaron ayer consejeros electorales, entre ellos Arturo Chávez, quien dijo que actualmente los actores políticos se acusan mutuamente.

Los partidos, los árbitros electorales y autoridades tendrán la responsabilidad de quienes lleguen a las boletas electorales en todos los cargos sean perfiles capaces y, sobre todo, sin ligas con la delincuencia, además de evitar que la violencia político-criminal marque el proceso que iniciará mañana rumbo a las elecciones de 2027.

LLAMADAS ELECTORALES

En Ensenada las llamadas telefónicas que aparentan ser encuestas, pero que en realidad pueden utilizarse para repetir nombres, posicionar figuras políticas o promover aspiraciones electorales, comienzan a encontrar un punto de atención desde el ámbito municipal, ante la posibilidad de que estas prácticas rebasen los límites de una consulta legítima y se conviertan en una forma indirecta de promoción. La Comisión de Administración Pública y Fortalecimiento Municipal aprobó una propuesta para solicitar la intervención de las autoridades electorales y federales, con el propósito de revisar este tipo de llamadas y determinar si cumplen con las disposiciones aplicables. El planteamiento también coloca sobre la mesa un asunto que va más allá de la competencia electoral: el origen de los números telefónicos utilizados. La propuesta busca que se revise de dónde provienen las bases de datos empleadas para realizar estas llamadas y si existe autorización de las personas para el uso de sus datos. La solicitud contempla al Instituto Nacional Electoral (INE) y al Instituto Estatal Electoral de Baja California (Ieebc), instituciones a las que correspondería determinar si estas prácticas pueden constituir promoción política indebida. A las autoridades federales se les plantea establecer mecanismos para limitar las llamadas realizadas sin consentimiento y revisar el origen de las bases de datos.

La intención no es impedir las encuestas legítimas, sino evitar que este mecanismo sea utilizado como una vía para hacer propaganda política bajo la apariencia de un ejercicio de opinión.

El punto de acuerdo aún deberá ser sometido a consideración del Cabildo. Si obtiene el respaldo del pleno, el Ayuntamiento podrá enviar los exhortos correspondientes a las autoridades competentes para que sean ellas quienes determinen el alcance de estas prácticas y, en su caso, las medidas que correspondan.