El gobierno también cobra piso

En México, siempre lo he dicho, abrir un negocio es un acto de heroismo. Mantenerlo abierto, uno de resistencia. Y hacerlo crecer, casi una provocación.

El empresario paga renta, nómina, impuestos, permisos, licencias, verificaciones, cuotas y derechos. Después instala cámaras, contrata guardias, coloca rejas y compra seguros porque la autoridad responsable de protegerlo suele llegar cuando ya se llevaron hasta la cámara. Y todavía aparece otro socio: el extorsionador.

Según el INEGI, durante 2023 alrededor de 1.3 millones de unidades económicas fueron víctimas de algún delito. En total se cometieron 2.9 millones de delitos contra empresas.

La extorsión fue el más frecuente: 747 mil casos, equivalentes al 25.5 % del total. Aunque debo aclarar algo: 84.1 % ocurrió por teléfono y sólo una proporción menor correspondió al cobro presencial en calles o establecimientos.

No todos los impuestos son un robo ni todo funcionario es un delincuente. Los impuestos son necesarios para financiar seguridad, justicia, infraestructura y servicios públicos. El problema comienza cuando el Estado cobra puntualmente, pero cumple por abonos chiquitos.

La inseguridad costó a las empresas 124 mil 300 millones de pesos durante 2023. De esa cantidad, 67 mil 200 millones fueron gastados por los propios negocios en medidas preventivas Es decir, primero pagamos impuestos para tener seguridad y después volvemos a pagar para protegernos de la inseguridad. Negocio redondom pues, para alguien.

A esto debemos sumar al inspector que encuentra una anomalía sólo visible con sus ojos expertos; al permiso que tarda meses, salvo que reciba un “empujoncito”; y al reglamento tan confuso que siempre permite descubrir una infracción conveniente.

El delincuente dice: “Págame o te hago daño”, el burócrata corrupto dice: “Págame o no te dejo trabajar”. Las palabras cambian, el método se parece demasiado.

La diferencia debería ser enorme: el criminal vive fuera de la ley; el servidor público existe para hacerla cumplir. Cuando ambos utilizan el miedo para obtener dinero, la autoridad pierde algo más importante que la recaudación: pierde legitimidad.

El pequeño empresario queda así atrapado entre tres cobardes cobradores. Hacienda le exige cumplir. El criminal le exige callar. Y el corrupto le recomienda “arreglarse”.

Pero el empresario no puede suspender la nómina mientras llega el Estado de derecho porque debe abrir al día siguiente, pagar proveedores y conservar empleos. Ése es el ciudadano que sostiene buena parte del país mientras otros lo administran, lo regulan o lo exprimen.

Cobrar impuestos implica un compromiso moral: proteger la vida, la propiedad y la libertad de quien los paga. Sin esa reciprocidad, la contribución comienza a parecer tributo y la autoridad empieza a parecer cobrador.

Lo parecido a nuestra realidad es pura, simple y mera coincidencia.

*- El autor es director de Testa Marketing, investigación de mercados.