Cuentas pendientes

La pasada administración de Tijuana, que encabezó Montserrat Caballero Ramírez, comienza a acumular una lista cada vez más larga de exfuncionarios inhabilitados por irregularidades detectadas en el ejercicio de sus funciones.

Ayer la Sindicatura procuradora del Ayuntamiento anunció cinco nuevos exservidores públicos inhabilitados por un año, con lo que ya suman diez las sanciones notificadas en apenas unos días. Los primeros cinco casos fueron dados a conocer el pasado miércoles, todos derivados de procedimientos relacionados con observaciones de la Auditoría Superior del Estado de Baja California.

Los cinco sancionados anunciados este sábado son

Raymundo Vega Andrade, extesorero municipal, quien fue señalado en dos expedientes de responsabilidad administrativa; Hitzia Massiel Martínez Valenzuela, exdirectora de Catastro Municipal; José Ángel Cabrera Avilés, excoordinador de Tesorería Municipal; Nora Elisa Márquez Carvajal, exdirectora del Instituto Metropolitano de Planeación (Implan), y Rangel de la Luz Vázquez, excoordinador administrativo del mismo instituto.

Los cinco dados a conocer el pasado 5 de agosto corresponden al Instituto Municipal del Deporte (Imdet) y al Instituto Municipal para la Juventud (Imjuv). Se trata de Cecilio Humberto Hernández González, exdirector del Imdet; Laura Magali García Santiago, exsubdirectora administrativa, y

Ramón de Jesús Castro, exjefe de Departamento. También fueron sancionados Juan Carlos Rosas Landeros, exdirector del Imjuv, y Ricardo Vargas Ramírez, exsubdirector administrativo. La síndica procuradora, Teresita Balderas Beltrán, confirmó las resoluciones y señaló que la Sindicatura está dando cumplimiento a los procedimientos derivados de los señalamientos formulados por el órgano fiscalizador estatal.

Una inhabilitación por un año puede sonar contundente, pero para el ciudadano resulta indispensable conocer qué ocurrió, qué irregularidad fue detectada y por qué la conducta ameritó esa sanción.

Más allá de los nombres y los cargos, lo relevante es la velocidad con la que comienzan a acumularse estas resoluciones. Y el asunto todavía no termina. Balderas Beltrán adelantó que la Sindicatura recibió observaciones correspondientes a ejercicios posteriores, incluidos 2023 y parte de 2024, que serán revisadas para determinar si existen nuevas responsabilidades administrativas. Es decir, la lista podría crecer.

NO BAJAR LA GUARDIA

Al parecer el sarampión se mantiene como un problema de salud pública en México.

Entre enero y julio de este año, el País acumuló 12 mil 255 contagios, más del doble de los 6 mil 614 registrados durante todo 2025. A ello se suman 17 defunciones, de acuerdo con un informe de la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

En el documento “Alerta Epidemiológica Sarampión en la Región de las Américas”, divulgado ayer, Jalisco concentra buena parte de los casos, con 6 mil 603; le siguen Ciudad de México, Chiapas, Durango, Estado de México, Sonora y Zacatecas.

Pero Baja California, por ahora, presenta un escenario distinto. Desde hace más de dos meses la Secretaría de Salud Federal no ha reportado nuevos casos confirmados y el número permanece en 76, de los cuales 55 corresponden a este año y 21 a 2025. Tampoco se han registrado defunciones. Pero que la curva se haya detenido no significa que el riesgo haya desaparecido.

De hecho la Secretaría de Salud del Estado de Baja California, cuyo titular es Adrián Medina Amarillas, ha revisado 601 casos sospechosos de sarampión durante 2026, lo que demuestra que la vigilancia epidemiológica continúa siendo necesaria.

Baja California tiene hoy una ventana de oportunidad, que es mantener el control. La peor decisión sería esperar a que aparezcan nuevos casos para volver a tomar en serio el problema.