Malas compañías

La reciente acusación del Gobierno de Estados Unidos de “narcorterrorismo” en contra de Carlos Páez Pereda, alias “Carlitos Rugrats” pone de nuevo en el ojo público a la ex alcaldesa de Rosarito, Araceli Brown Figueredo. Este martes el Departamento de Justicia del vecino país del Norte acusó a Paez Pereda en el Distrito Sur de California de ser un presunto operador “de alto nivel” de “Los Mayos” y de dirigir una red de tráfico de fentanilo, metanfetamina y cocaína hacia territorio estadounidense.

La gravedad de la acusación cobra relevancia en Baja California en donde desde septiembre de 2025 la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), hiciera pública la inclusión, en la llamada “Lista Negra”, de Brown Figueredo y otros personajes de Baja California y Sinaloa, entre quienes se encontraba “Carlitos

Rugrats".

Desde entonces la hoy Diputada Federal se ha deslindado de la supuesta relación de la que es señalada con presuntos personajes involucrados en el crimen organizado. La legisladora morenista ha asegurado que no ha sido notificada por ninguna vía legal ni institucional por parte de las autoridades estadounidenses.

“Soy objeto de una infamia que pretende desacreditarme. Es una total mentira, es totalmente falso. Claro que yo no sé de qué se trata, no he recibido ninguna sola notificación”, ha dicho.

Durante su gestión como presidenta municipal de Playas de Rosarito mantuvo una agenda de reuniones estrictamente institucional, transparente y coordinada con diversas corporaciones y sectores en el marco de la seguridad, asegura.

La ex primera edil ha negando haber otorgado ventajas políticas, protección o haber participado en redes de extorsión o lavado de dinero con empresarios o intermediarios ligados al crimen, como se señala en las acusaciones de la OFAC que, como se ve, la persiguen hasta el día de hoy.

TAJADA ELECTORAL

A pocos días de haber obtenido su registro nacional, Somos México y Construyendo Sociedades de Paz (PAZ) ya obtuvieron una tajada de los recursos públicos del INE, que aprobó una bolsa de 6.9 millones de pesos para que ambos partidos participen en las tareas de vigilancia del Padrón Electoral durante el resto del año, además del financiamiento ordinario que también les corresponde.

La explicación del árbitro electoral es que la supervisión del padrón exige que todas las fuerzas políticas tengan representación para fortalecer la transparencia y dar certeza al listado nominal.

Sin embargo, de nueva cuenta se abre el debate sobre el elevado costo que representa los partidos para los ciudadanos, pues hay que apuntar que además de los 6.9 millones para los dos nuevos se avaló un total 39 millones de pesos para el resto de seis los partidos: Morena, PAN, PT, PVEM, MC y PRI.

Ahora con ocho partidos nacionales que mantener, porque además el cuestionamiento general es cómo responden esos institutos políticos a atender las necesidades reales del País y cómo evitar que se conviertan en comparsas o simuladores.

Por eso, tanto Guadalupe Acosta Naranjo, en Somos México, y Hugo Éric Flores, en PAZ, tendrán ahora el reto de demostrar que esos recursos generan confianza democrática y que no se convierten simplemente en otro rubro del gasto de la costosa clase política mexicana.