A 100 años de la Guerra Cristera

Este 2 de julio se cumplieron 100 años de la publicación de la llamada “Ley Calles”, que reglamentaba de manera estricta el culto religioso en el país, estableciendo penas de cárcel a quienes violaran estas normas, que establecían la limitación del número de sacerdotes, la obligación de obtener licencias otorgadas por las autoridades civiles para ejercer el ministerio, la prohibición de que sacerdotes extranjeros ejercieran su ministerio en México, así como la prohibición del uso de sotanas, hábitos o cualquier distintivo religioso en la vía pública y la reafirmación de que los templos eran propiedad de la Nación.

Esta ley regulaba lo ya establecido en la Constitución de 1917, que desde entonces negaba la personalidad jurídica a las iglesias. Además de que privaba a la Iglesia del derecho a poseer bienes inmuebles.

Como un antecedente importante está el hecho de que en febrero de 1925, con el apoyo del presidente Elías Calles, fue creada la “Iglesia católica apostólica mexicana”, dirigida por José Joaquín Pérez Budar, autoproclamado como su patriarca. Esta institución seguía la misma doctrina que la Iglesia católica con la excepción de que el líder era Pérez Budar y no el papa. El objetivo de Calles era restarle fuerza a la verdadera iglesia católica.

Al aplicarse la Ley Calles de 1926, el Episcopado Mexicano decretó la suspensión del culto público a partir del 1 de agosto, al considerar que no era posible aceptar disposiciones que atentaban contra la libertad de la Iglesia.

Por su parte, la sociedad católica realizó una colecta de firmas para solicitar una reforma constitucional, que fue rechazada. Posteriormente, se realizó un boicot organizado por la Liga Nacional Defensora de la Libertad Religiosa contra el pago de impuestos y a favor de la reducción del consumo de los productos y servicios brindados por el Estado, lo que provocó mayor encono en el gobierno del presidente Calles.

Así nació un fuerte movimiento social a favor del derecho al libre culto. Bajo el lema de “¡Viva Cristo Rey!”, iniciaron el acopio de armas y la conformación de milicias campesinas con la idea de que era viable una salida militar al conflicto. Los combatientes del bando cristero estaban formados principalmente por campesinos armados, algunos mercenarios y miembros de la jerarquía católica, mientras que el gobierno contaba con el Ejército Mexicano y milicias laicas.

Este conflicto armado escaló con el asesinato del presidente electo Álvaro Obregón en julio de 1928 en manos de José León Toral, militante de la Asociación Católica de la Juventud Mexicana. Anteriormente, Obregón, ya había sufrido varios atentados, uno de ellos organizado por el sacerdote Miguel Agustín Pro. Ambos cristeros fueron fusilados.

Tras la elección de Emilio Portes Gil como presidente interino y la mediación del gobierno norteamericano, se logran las negociaciones que dieron por terminada la lucha cristera, la cual ocasionó la muerte de unas 250.000 personas.

Al final del conflicto, en 1929, se acordó una amnistía general para todos los cristeros, la no aplicación de la Ley Calles y la firma de unos acuerdos (llamados “arreglos”) entre el gobierno y las autoridades eclesiásticas, mediados por el embajador de Estados Unidos, en los que se resolvió devolver a la Iglesia muchas de las propiedades que habían sido clausuradas.

*- El autor es asesor empresarial en cabildo