Charla civilizada

Tras los roces y un periodo de tensión en la relación de México y Estados Unidos, de nuevo funcionarios de ambos países se sentaron en la mesa para hablar sobre la seguridad con una agenda que excluye el caso del ex gobernador de Sinaloa con licencia, Rubén Rocha Moya.

La sede de esta reunión realizada ayer en la Ciudad de México fue la Embajada estadounidense donde estuvieron funcionarios de ambas naciones y fue encabezada por el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Jhonson y el canciller Roberto Velasco.

Ante la expectativa generada por este encuentro, la presidenta Claudia Sheinbaum en la “mañanera del pueblo” se aprestó a aclarar que no se tocará el caso de Rocha Moya porque se abordarán sólo los asuntos definidos hace ocho meses relacionados con la colaboración en el combate del tráfico de armas, organizaciones criminales, intercambio de información, la cooperación en materia de extradiciones y las investigaciones sobre el robo de combustibles.

Y es que precisamente el tema de Rocha Moya sigue en la atención desde que el mes pasado, las autoridades estadounidenses solicitaron al Gobierno de México su detención provisional con fines de extradición, así como la del senador morenista Enrique Inzunza, el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez, y otros siete ex funcionarios más, al menos uno de ellos, el ex secretario de Seguridad, Gerardo Mérida, se entregó en Estados Unidos, donde ya es procesado.

‘¿DÓNDE QUEDÓ LA BOLITA?’

Cada día en Playas de Rosarito, el director de la Policía Municipal, Carlos Bernal Hinojosa, se pregunta al pasar lista a los 133 agentes que salen a patrullar la ciudad, donde quedó el resto de los 270 agentes que, le dijeron se encontraban activos cuando aceptó el trabajo.

Mientras el presupuesto destinado al área de Seguridad Pública registra incrementos históricos, la Policía Municipal opera con apenas una fracción del personal y un número limitado de patrullas para atender a toda la ciudad.

Bernal Hinojosa asegura que los 133 agentes activos se diluyen al distribuidos en tres turnos de apenas 45 policías que salen a la calle en 15 patrullas, y no en las 100 que, le dijeron, formaban parte del parque vehicular de la corporación.

De acuerdo con estándares internacionales, Rosarito debería contar con al menos 450 policías en funciones para atender adecuadamente a su población, pero apenas trabaja con lo que hay.

Además de la falta de unidades, la corporación enfrenta déficits en equipo, uniformes, radiocomunicación y tecnología, factores que limitan la capacidad de respuesta ante las demandas de seguridad. Paradójicamente, el presupuesto para seguridad pública continúa creciendo año con año sin que ello se refleje en una solución efectiva al déficit de personal y equipamiento.

De acuerdo a los números, este 2026 el Ayuntamiento destinó 269 millones de pesos a seguridad pública, contra los 223 millones aprobados en 2025, lo que representa un incremento del 20%, nada mal para un municipio relativamente joven y pequeño.