Clausura destapa un basurero

La reciente clausura de Ecoterra en Ensenada, empresa dedicada a la recolección, procesamiento y disposición de basura, se debió a la falta de permisos ambientales vigentes, lo que suscita serias interrogantes sobre la gestión del gobierno que encabeza Claudia Agatón. Si se confirma esta situación, el escándalo es inminente.

La preocupación entre los ensenadenses es grande, ¿Cómo es posible que una empresa concesionaria del Ayuntamiento haya operado sin contar con la debida autorización de impacto ambiental? Ecoterra proporcionaba un servicio esencial y regulado para la administración local, y al ser proveedor del Ayuntamiento, sus servicios se financiaban con los impuestos de los ciudadanos.

Cualquier administración municipal que aspire a ofrecer un servicio tan crucial para la ciudad debe estar respaldada por la documentación oficial vigente, considerando la delicadeza del asunto. Más inquietante aún es preguntarse qué oficinas del gobierno municipal omitieron exigir la documentación vital que debería haber estado en orden.

El expediente de Ecoterra, incompleto, señala una preocupante falta de cuidado. Esto sugiere que el Ayuntamiento no solo ignora lo que contrata, sino que también desatiende lo que firma y no realiza el cruce de información con las autoridades pertinentes, lo que se traduce en una gestión a ciegas.

En una reciente entrevista, la propia alcaldesa admitió desconocer los aspectos de las empresas.

REVÉS JUDICIAL

El resquebrajamiento de la Sindicatura de Playas de Rosarito quedó evidenciado luego que un Juez Federal ordenara dejar sin efecto la separación temporal del Secretario del Bienestar del municipio

En un duro golpe a la gestión de la Sindicatura de Rosarito, un juez federal declaró fundado el incidente de violación de la suspensión de amparo que le fue otorgada al secretario de Bienestar del Ayuntamiento, Juan José Rangel Trujillo, ya que fue ilegal esa resolución de la Sindicatura.

El juez federal decretó apercibimiento de denuncia penal contra el titular de Responsabilidades por desacato, luego de que el juzgado Décimo Tercero de Distrito en Baja California, a cargo del juez Francisco Caballero Green, declaró fundado el incidente por incumplimiento de suspensión dentro del juicio de amparo promovido por el funcionario.

En la resolución, el juzgador acusó a la autoridad municipal de haber realizado un “cumplimiento defectuoso” de la medida cautelar que previamente había concedido.

La orden federal especifica que en un plazo máximo de 24 horas, el Director de Responsabilidades de la Sindicatura deberá revocar o dejar sin efectos la resolución del 8 de mayo (expediente INC-RES-003/2026), misma que justificó las medidas cautelares que derivaron en la separación de Rangel Trujillo

Además, el juzgado ordenó la nulificación de todos los actos derivados de dicha resolución para restituir al quejoso “en el goce de los derechos protegidos por la suspensión provisional”, esto implica que el funcionario podrá regresar a la titularidad de la Secretaría de Bienestar Social.

El fallo incluye un apercibimiento ya que en caso de que la autoridad responsable se niegue a cumplir la orden, el Director de Responsabilidades de la Sindicatura podría ser denunciado ante el Ministerio Público de la Federación por los delitos de desacato previstos en la Ley de Amparo.