Formalidad bajo presión

El choque entre el comercio formal y el ambulantaje en Tijuana parece haberse profundizado conforme la economía urbana se vuelve más desigual. La presidenta de la Canirac Tijuana, Rebeca Aguilar Santuario, volvió a colocar el tema en el centro de la discusión pública al advertir sobre las condiciones desiguales en las que operan los restauran- tes establecidos frente al comercio informal.

Aguilar Santuario sostiene que los negocios formales enfrentan cargas económicas y regulatorias que impactan directamente en su competitividad. Para un restaurante establecido, abrir la cortina cada mañana implica cubrir renta, permisos municipales, nómina, seguridad social, impuestos, servicios, certificaciones sanitarias y revisiones constantes. Bajo esa lógica, competir con vendedores ambulantes que operan con estructuras de costos mucho menores representa, según el sector, una batalla desigual.

La preocupación no es exclusiva de los restauranteros. Hace algunos meses, el presidente de Canaco Tijuana, Olivaldo Paz Gómez, advirtió que el comercio informal se ha “desbordado” en la ciudad y podría representar hasta el 60% de la actividad económica, cuando hace apenas tres años rondaba cerca del 20%. El dirigente empresarial alertó además sobre la evasión de contribuciones fiscales y la falta de prestaciones laborales en buena parte de estos esquemas.

Sin embargo, reducir el debate a una confrontación entre formalidad e informalidad sería simplificar demasiado el problema. El ambulantaje también refleja una realidad económica compleja: para miles de personas representa una salida ante la falta de empleo formal, salarios insuficientes o barreras económicas para emprender un negocio establecido.

El reto para la autoridad no parece estar en elegir entre uno u otro modelo, sino en encontrar un equilibrio: evitar una sobrerregulación que ahogue a los negocios formales, sin permitir al mismo tiempo un crecimiento desordenado de la informalidad que termine por desincentivar a quienes sí cumplen las reglas.

DEL DISCURSO A LOS HECHOS

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró ayer durante su gira de trabajo por Yucatán que ningún servidor deshonesto puede ocultarse bajo el manto de la “Cuarta Transformación”.

Las palabras de la Mandataria llegaron tan solo un día después de que dos de los colaboradores más cercanos de Rubén Rocha, Gobernador de Sinaloa con licencia, se entregaran a las autoridades estadounidenses.

Gerardo Mérida Sánchez y Enrique Díaz Vega, ex Secretarios de Seguridad Pública y de Administración y Finanzas de Sinaloa respectivamente, forman parte del grupo de los 10 funcionarios mexicanos acusados por el Gobierno de Estados Unidos de colaborar con el “narco”.

Al afirmar que “ninguna persona que no sea honesta puede esconderse bajo el halo de la transformación”, Sheinbaum envía un mensaje claro hacia dentro y hacia fuera de su movimiento. Hacia dentro, representa un intento de marcar límites y deslindarse de perfiles cuya conducta pueda comprometer la narrativa de honestidad que ha sido uno de los pilares políticos de Morena y de la llamada Cuarta Transformación. Hacia fuera, busca reforzar la idea de que el combate a la corrupción sigue siendo una bandera vigente y no un compromiso agotado tras años de gobierno.

Sin embargo, el desafío no está en el discurso, sino en los hechos. La política mexicana ha demostrado repetidamente que ningún proyecto está exento de contradicciones internas. Todos los gobiernos, sin excepción, han enfrentado casos de funcionarios investigados, señalados o vinculados a actos de corrupción, incluso aquellos que llegaron al poder prometiendo limpiar las instituciones.

El mensaje de Sheinbaum parece apuntar a blindar moralmente a su administración en un contexto de presión política y mediática. Pero en política, la credibilidad no suele medirse por los discursos pronunciados desde el templete, sino por la capacidad de actuar cuando los casos incómodos aparecen dentro de casa.