El problema no es solo la inseguridad, es la autoridad

Uno de los daños más profundos —y menos atendidos— que vive hoy México no es únicamente la inseguridad en las calles, sino la pérdida de confianza en las instituciones encargadas de cuidarnos. La relación entre ciudadanía y cuerpos de seguridad está fracturada, no por una narrativa exagerada, sino por experiencias cotidianas que se repiten con demasiada frecuencia.

Para muchos ciudadanos y visitantes, el primer contacto con la autoridad no es de protección, sino de abuso o extorsión. Infracciones de tránsito inventadas, detenciones arbitrarias, amenazas disfrazadas de “procedimientos” para forzar un arreglo inmediato. Esta práctica se ha vuelto tan común que dejó de sorprender, pero no por ello dejó de erosionar el respeto a la ley.

A esto se suma una desconexión evidente entre las corporaciones policiacas y la ciudadanía organizada. Colonias, cámaras empresariales y grupos vecinales que buscan coordinación real encuentran puertas cerradas, cifras maquilladas o discursos que no coinciden con lo que ocurre en la calle. Cuando los datos oficiales no reflejan la realidad cotidiana, la confianza simplemente se evapora.

El caso de la Guardia Nacional ilustra bien esta crisis de percepción. Para una parte importante de la población, su presencia resulta confusa y hasta desconcertante: elementos deambulando sin un objetivo claro, chachareando en mercados sobre ruedas, más como espectadores que como una fuerza con estrategia definida. Al mismo tiempo han circulado denuncias graves sobre ingresos a propiedades privadas y robos, acompañadas de versiones oficiales contradictorias que nunca terminan de aclararse. La autoridad no ha sido capaz —o no ha querido— poner orden ni ofrecer certeza.

Pero el problema no se limita a la mala actuación o a la inacción frente a delitos evidentes. Todos sabemos dónde se vende droga, dónde se roba, dónde están los focos rojos… y aun así, no pasa nada. El problema de fondo es más grave: los ciudadanos dejamos de confiar. Y cuando un policía o un elemento de seguridad genera la misma desconfianza que un delincuente, el daño institucional ya es profundo.

Esta crisis también alcanza al Ejército y a la Marina. Su involucramiento creciente en tareas ajenas a la seguridad —desde la construcción y operación de aeropuertos, trenes y hoteles, hasta actividades empresariales— los ha expuesto a señalamientos de corrupción y violaciones a derechos humanos. Casos como el huachicol fiscal, vinculados a estructuras de la Marina, refuerzan la percepción de que no existe una política clara sobre el verdadero papel de nuestras fuerzas de seguridad.

Sin embargo, reconstruir la confianza no es solo una necesidad institucional: es una condición indispensable para la convivencia social. El vínculo debe rehacerse porque solo así puede existir un respeto genuino a la ley y a las normas, pero no desde el miedo arbitrario, sino desde la certeza de que quien las aplica lo hace con legitimidad.

Como ciudadanos, necesitamos volver a sentir que existe una autoridad en la que podemos confiar para corregirnos cuando actuamos mal, cuando no respetamos las reglas, cuando afectamos a otros. Esa confianza también implica un componente sano de autoridad: saber que hay consecuencias, que la ley se aplica, que no todo es negociable. No desde el abuso, sino desde la coherencia.

La seguridad no se impone a golpes ni con discursos triunfalistas. Se construye con instituciones confiables, cercanas y congruentes. Sin ese vínculo, seguiremos caminando por la ciudad con zozobra, sin saber si quien porta un uniforme está ahí para cuidarnos… o para aprovecharse de nosotros.

*- El autor es un opinólogo tijuanense enamorado de su ciudad.