Da la cara

En los pasillos de la política bajacaliforniana aseguran que si algo hay que reconocerle a la gobernadora del Estado, Marina del Pilar Ávila Olmeda, es que ha hecho frente a los señalamientos en contra de su gobierno y de algunos de sus colaboradores, pero sobre todo en contra de su hoy ex esposo, Carlos Torres Torres.

Se dice que a diferencia de gobernadores de otras entidades del País, Ávila Olmeda no ha dejado de realizar sus conferencias semanales en donde invariablemente se le ha cuestionado duramente, pero en donde también ha dado respuesta a los señalamientos.

Lo cierto es que a la Mandataria Estatal le ha tocado lidiar con diversos asuntos incómodos desde que inició su Administración, pero hasta hoy ha dado la cara, a diferencia de otros gobiernos estatales y municipales que prefieren no salir en público para no ser cuestionados.

DENUNCIA ANTE LA FGE

Pues ya es formal. El Gobierno de la alcaldesa de San Quintín, Miriam Elizabeth Cano Núñez, quien en las últimas semanas ha tenido que enfrentar diversas manifestaciones de inconformidad en su joven Municipio, enfrenta una denuncia presentada ante la Fiscalía General del Estado en contra de “quien resulte responsable” por presuntas irregularidades cometidas por la actual administración durante el ejercicio fiscal 2025.

Aunque siendo la presidenta estatal del Partido Acción Nacional en Baja California, Lizbeth Mata Lozano, la encargada de presentar la denuncia antes las autoridades no podría decirse que se trata de un asunto totalmente ajeno al interés político.

La denuncia tiene su origen en el proceso de glosa del informe de gobierno municipal de San Quintín, correspondiente al ejercicio 2024–2025, en el que presuntamente se detectaron diversas irregularidades en el manejo del gasto público, entre estas la contratación de un software por un monto aproximado de 19 millones de pesos, que habría sido realizada sin licitación pública, sin estudios técnicos que acreditaran su necesidad o viabilidad y sin la intervención del Comité de Adquisiciones, como lo establece la normatividad vigente. Asimismo, se señala que los recursos utilizados para dicha contratación provinieron de reasignaciones presupuestales del Fondo de Fortalecimiento Municipal (Fortamun) sin la debida autorización legal ni justificación técnica, además de que los contratos no fueron publicados en los portales oficiales de transparencia, lo que impidió la fiscalización ciudadana y generó un entorno de opacidad en el uso de recursos públicos.

JUSTO A TIEMPO

Justo el mismo día que los presidentes de México y Estados unidos hablaron sobre seguridad y comercio en una plática cordial y en la que Trump tuvo elogios para la presidenta Sheinbaum, horas más tarde el mandatario estadounidense lanza una orden ejecutiva contundente para castigar con aranceles a los países que envíen petróleo a Cuba.

El argumento del presidente Trump, que firmó ayer esa orden ejecutiva, es que se autorizan la imposición de aranceles adicionales a los países que suministran petróleo a Cuba, de forma directa o indirecta, porque las políticas, prácticas y acciones del Gobierno cubano representan una amenaza para la seguridad de su país.

Tras la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro, México se convirtió en el principal abastecedor de petróleo a Cuba y la mandataria ha defendido los envíos de México a la isla porque es un “acto soberano y humanitario”, aunque en los últimos días se informó de la cancelación de esas entregas. Ahora falta ver qué sucede.