Incendiar a México

La semana que acaba de terminar, nos quedamos con la terrible sensación de que los cobros de piso son ya una realidad en Baja California.

Se trata de un tema muy serio que supera en mucho, la posibilidad de que la policía municipal le haga frente. Se requiere del apoyo de las demás corporaciones, sin embargo, a nivel estatal, poco interés han tomado las autoridades para atacar este grave problema y más allá de mandar los consabidos mensajes de un corazón con las manos, nada se hace al respecto.

En lo federal, la fiscalía se encuentra atada de manos, con un titular que a sus 84 años poco interés tiene en atender el tema como es requerido y por ello, la impunidad hace que crezca la violencia y la criminalidad en todos los confines del país.

Frente a esto, nuevamente resurge el calificativo de “Estado Fallido”, para definir lo que pasa en nuestro país, en donde la teoría de los “abrazos y no balazos” y el “prohibido prohibir” y otras ocurrencias más del presidente, solo mandan el mensaje de que todo está permitido.

El concepto de “Estado fallido” se emplea por primera ocasión en un reporte de la CIA de 1995, para identificar de manera cuantitativa que países podrían considerarse “fallidos” y por ende como riesgo a la seguridad de los Estados Unidos. Ese término está íntimamente ligado con la ruptura del estado de derecho, el cual va mas allá del simple cumplimiento de la ley, pues de ser así en la Alemania de Hitler habría habido “estado de derecho”. Este concepto envuelve muchos elementos más como son la existencia de leyes justas, claras, sencillas, viables, ciertas y de aplicación general, fruto de un proceso de legislación democrático que las legitime; cabal separación de poderes, subordinación del gobierno a la ley, seguridad, respeto a los derechos humanos y limitación de facultades discrecionales. Para evitar llegar a ese Estado Fallido, se requiere cumplir la ley y trabajar por la seguridad.

De la seguridad depende no sólo la protección de la población menos favorecida, sino también el desarrollo económico y las posibilidades de empleo están igualmente sujetos a que reine un clima de seguridad que permita la inversión, el comercio y el gasto de los recursos públicos en beneficio de la comunidad.

Así como una ciudad no será más limpia porque se cuente con mil camiones recolectores, tampoco tendremos una comunidad segura por el hecho de contar con 30 mil elementos uniformados. El problema está en la necesidad de contar con autoridades honestas, pero sobre todo en una sociedad participativa pero sobre todo, responsable, con valores, que no corrompa y que no acepte la corrupción; una familia formada en valores, aunque lamentablemente cada día hay menos familia y menos valores.

Pero para lograr todo esto, requerimos de una auténtica coordinación entre las distintas corporaciones policiacas y que lejos de palabras huecas atiendan el tema porque Tijuana se incendia y con abrazos o corazoncitos no vamos a evitarlo.

Como decía Gandhi: “No hay camino para la paz, la paz es el camino.”