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Lex Tributum

Uno de los casos más comunes de impuestos discriminatorios es el de un derecho sobre la importación de una mercancía que puede producirse en el país, no acompañado de un impuesto equivalente sobre la producción nacional. –John Stuart Mill En días pasados el Gobierno Federal emitió un boletín en donde dan a conocer la estrategia fiscal contra el robo de combustibles y a través del cual revisa el cumplimiento de los contribuyentes que comercializan combustibles en el país para identificar irregularidades y posible evasión fiscal, ademas del delito comúnmente conocido como “huachicoleo”. Así las cosas, según dicho informe el robo de combustibles genera una problemática social y fiscal, ya que cuando un consumidor compra combustible de origen ilícito, aun cuando no lo sepa por adquirirlo en una gasolinera establecida, esta generando recursos para las organizaciones criminales y fomentando el financiamiento de otras actividades ilícitas. En ese orden de ideas, de igual manera el mercado ilícito, atenta contra la economía de la población, ya que se evade el pago de impuesto Sobre la Renta, situación que crea una mayor carga fiscal a los contribuyentes cumplidos; indicó que además si la gasolina fue importada y se vende robada, el déficit a Petróleos Mexicanos aumenta porque dicha gasolina PEMEX ya pagó el IVA en el pedimento de importación y si la gasolina fue producida en México y se vende robada, el Estado no recibe el importe ni por lo tanto el IVA. Bajo dicha tesitura, en diciembre de 2018, PEMEX envió al Servicio de Administración Tributaria, la información del ejercicio fiscal 2017, haciendo una comparación de dicha búsqueda con las bases de datos relativas a los ingresos declarados por los contribuyentes asociados a las estaciones de servicio; dichos datos fueron analizados por la Administración General de Auditoría Fiscal de la Federación, cuya investigación arrojo que hay 194 de contribuyentes con inconsistencias fiscales relevantes en el Impuesto Sobre la Renta, dando así un aproximado de 3,217 millones de pesos, situación que puede llegar diversos delitos. En esa directriz, el referido informe señala que el SAT ordenó auditorias y revisiones fiscales profundas a dichos contribuyentes, esto con el fin de recuperar los recursos fiscales que no fueron enterados al fisco por prácticas asociadas al transporte, almacenamiento, distribución y venta de combustible; y mientras tantos no regularicen su situación fiscal, la Unidad de Inteligencia Financiera, ordenará el congelamiento de cuentas bancarias asociadas a dichos contribuyentes. Por último en dicho documento se señala que en conjunto se llevarán a cabo operativos en domicilios, instalaciones, bodegas, vía pública y carreteras para detectar posibles establecimientos que actúen de manera ilegal. Situación que es bastante aplaudible, pues el robo de combustible genera un gran boquete en PEMEX. Sin embargo, a título personal considero que la estrategia de cierre de ductos que ha iniciado Gobierno Federal no es la correcta, esto toda vez que se ha generado un terrible desabasto en diversas zonas del país. Aplaudo el combate por la vía financiera, pero el dejar en desabasto a grandes ciudades, genera grandes pérdidas económicas y no estamos en condiciones para hacerlo. *El autor es abogado fiscalista.

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