¿Qué es un juicio político?

En las últimas semanas hemos escuchado con insistencia este término, en referencia a una solicitud que el Consejo Coordinador Empresarial de Baja California, ha presentado ante el Congreso del Estado y que busca que sea sancionado el alcalde de Ensenada, en virtud de haber cometido una serie de actos en contra de su propia comunidad a la cual juró servir y que hoy en día ha decidido servirse de ella. Cabe mencionar que si no hubiera en nuestro País diferentes tipos de ciudadanos, no habría necesidad de instaurar juicios políticos, en virtud de que este procedimiento está contemplado en nuestra Constitución sólo para aquellos ciudadanos que gozan de algo que se llama pomposamente “Fuero Constitucional”. Este “Fuero Constitucional”, es una especie de prerrogativa de la que gozan los ciudadanos de primera y que en virtud de la cual les es permitido cometer cualquier tipo de tropelías, incluyendo delitos de todo tipo, sin necesidad de ser sancionados de inmediato, como ocurre con los ciudadanos de segunda, los cuales en el momento de cometer algún ilícito, debemos ser castigados sin miramiento. Pues bien, la condición para que un ciudadano de primera pueda ser juzgado por las leyes terrenales, es que exista un procedimiento llamado juicio político, en el cual el señalado presentará pruebas de descargo, las cuales en el remotísimo caso de que no fueran satisfactorias para quien lo juzga, daría oportunidad de que se le retirara el famoso fuero y entonces sí, comparecer a juicio como cualquier mortal. Este procedimiento de juicio político da la oporunidad para aquellas criaturas de primera, de tener una especie de doble oportunidad de defenderse, o en muchos casos, de poder huir de la justicia mientras se llevan a cabo estos engorrosos procedimientos. Cabe hacer notar que en la historia política reciente, no existe antecedente de juicios políticos que hayan terminado con el desafuero de algún servidor público y mucho menos con su destitución o encarcelamiento. Según tengo entendido sólo el caso del ingeniero Jorge Díaz Serrano, fue procedente y terminó en prision, sin embargo a todos nos queda muy claro que su caso fue una especie de venganza. En el caso de Baja California, nuestros legisladores federales les ha tocado en suerte, o en mala suerte, formar parte de dos secciones instructoras distintas, encargadas de analizar casos de desafuero. La primera sección instructora a la que nos referimos fue la que se formó para analizar el posible juicio político al entonces secretario de Turismo federal, Óscar Espinosa Villarreal. El diputado encargado de presidir esta comisión fue Juan Marcos Gutiérrez González, quien fue secretario del Ayuntamiento de Tijuana en tiempos del alcalde Osuna Jaime y que hoy en día forma parte del cuerpo consular mexicano. En este caso, la comisión instructora no logró terminar su trabajo, en virtud de que el entonces presidente Ernesto Zedillo obligó literalmente a Espinosa Villarreal a renunciar y con ello a perder su famoso fuero, sin embargo logró escapar y posteriormente fue detenido en algún país de Centroamérica, para luego ser trasladado a México y gozar de nuestras lagunas jurídicas. El segundo caso se dio al pretender sancionar a los líderes petroleros que desviaron recursos de Pemex hacia la campaña de Labastida Ochoa. Quien jugó un papel protagónico en esta comisión instructora fue el entonces diputado Cuauhtémoc Cardona Benavides, el cual por más que luchó por lograr el desafuero de estos líderes corruptos no pudo con el peso del PRI y de los grandes intereses que se manejan en la política mexicana. Pues bien, hoy nuevamente estamos en presencia de un posible juicio político, con la salvedad de que el señalado es integrante del PAN y serán precisamente los legisladores de ese partido, los que tendrán la difícil tarea de escuchar a sus electores antes que a su partido político y decidir en conciencia sobre la procedencia de este juicio en contra del alcalde Catalán Sosa. Creo que los bajacalifornianos esperamos mucho de nuestros legisladores locales, los cuales tienen la posibilidad de pasar a la Historia por ser el primer Congreso que sanciona a los servidores públicos que incumplen con su función, pero si de verdad quieren cubrirse de gloria, ojalá que de una vez por todas se elimine ese odioso fuero constitucional que tanto daño le hace al País. ¡Señores legisladores, ustedes tienen la palabra! Ignacio Calderón Tena es asesor empresarial en cabildeo y presidente del Comité Estatal del Consejo de Participación Ciudadana de la PGR en Baja California. Correo: cabildeo@telnor.net