Paga Gobierno federal más de 11 mil mdp por operación de Cefereso 11

El año pasado el Gobierno federal pagó a Ingenieros Civiles Asociados (ICA) la cantidad de 11 mil 532 millones 669 mil 219 pesos, por la operación del Centro Federal de Readaptación Social número 11.

"Si es un esquema de financiamiento puro no le veo problema porque es nada más la construcción, pero aquí el problema que tienen es que pagan por preso que está en prisión, eso sí puede incitar al proceso de encarcelación masiva...", afirmó el abogado Samuel González Ruiz, ex funcionario de la PGR.

"Si está ligado a personas entonces sí hay algún problema", manifestó el profesor de política criminal.

En el 2010, el entonces presidente Felipe Calderón Hinojosa concesionó dicho penal a la empresa por 22 años, bajo un esquema de Asociación Público-Privada (APP).

Pero no fue el único en el País, varios consorcios firmaron contratos con la Federación para operar Centros de Prevención en Chihuahua, Durango, Jalisco, Guanajuato, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Chiapas, Campeche y Puebla.

El informe Privatización del Sistema Penitenciario en México, publicado en agosto de 2016, critica esta forma de operar de parte del Gobierno federal:

"Para acabar con ellos, el Estado debe proponer cambios de fondo, y una política penitenciaria que ponga el respeto a los derechos humanos en el centro de la discusión".

El informe destaca la falta de transparencia con la que se implementó este tipo de Contratos de Prestación de Servicios en el sistema penitenciario en México y alerta sobre los riesgos de que se repliquen en el continente latinoamericano, donde varios países enfrentan crisis penitenciarias severas similares.

Se expone la situación de los centros penitenciarios en México, donde, pese a las diversas recomendaciones de organismos nacionales e internacionales de protección a los derechos humanos, persisten problemas de hacinamiento y autogobierno, así como prácticas de tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes, tanto en las cárceles públicas como en las privadas.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos, en el reciente Diagnóstico de Supervisión Penitenciaria, calificó con 7.1 al Cefereso 11 de Hermosillo y le hizo algunos señalamientos.

En el rubro de aspectos que garantizan la integridad personal del preso, por ejemplo, le refirió insuficiencia en los programas para la prevención y atención de incidentes violentos, así como en los procedimientos para la remisión de quejas de probables violaciones a los derechos humanos.

"Hay insuficiencia de personal de seguridad y custodia, falta atención a personas adultas mayores e insuficiencia en los programas para la prevención de adicciones y de desintoxicación voluntaria".

Hay un punto denominado "Reinserción social del interno" donde al Cefereso 11 de Sonora no le fue bien: Falta separación entre procesados y sentenciados, faltan actividades laborales y de capacitación, además de actividades educativas y deportivas.