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Es la violencia contra la mujer, problema más grave de Sonora: CEDH

Luis Fernando Rentería Barragán fue designado presidente de la CEDH para el periodo de 2022-2026, y recalcó que la imagen de debilidad que tienen las recomendaciones que actualmente emite el organismo se debe a que no han sabido cómo y cuándo aplicarse.

HERMOSILLO, Sonora.-Reorganizar las facultades que tiene la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) para que se garanticen los derechos a los sectores vulnerables, sin buscar protagonismos, será una de las principales acciones de su nuevo titular.

Luis Fernando Rentería Barragán fue designado presidente de la CEDH para el periodo de 2022-2026, y recalcó que la imagen de debilidad que tienen las recomendaciones que actualmente emite el organismo se debe a que no han sabido cómo y cuándo aplicarse.

Para cambiarlo, dijo, buscará mecanismos de diálogo entre las instituciones que vulneren derechos humanos, sobre todo a sectores como el de las mujeres, los pueblos indígenas, periodistas, y en especial un análisis a la situación de la Costa de Hermosillo.

¿Cuáles serían las principales acciones que realizará dentro de la CEDH?

Luis Fernando Rentería Barragán (LFRB): Ya empezamos con el tema de reorganizar todo ejercicio de las facultades de la Comisión; tenemos que hacer un trabajo muy delicado para que las recomendaciones tengan el impacto que deben tener, pero además para que el resto de las facultades de la Comisión se ejerzan, hablábamos de las acciones de inconstitucionalidad que se pueden plantear directamente ante la Suprema Corte de la Justicia.

Hay otra facultad que se llama “proceso extraordinario de exhibición de personas”, que se ejerce cuando estamos ante una posible desaparición de persona o cuando haya una detención ilegal, la CEDH puede denunciar directamente delitos y solicitar medidas precautorias o cautelares cuando se intente evitar la consumación de la vulneración de un derecho. Estamos en eso reorganizándonos internamente.

Volver a activar el consejo consultivo, que es un organismo muy importante dentro de la Comisión y tenemos que fortalecer la divulgación de los derechos, que haya una divulgación sin precedente, para que las personas tengamos una normalización del lenguaje de los derechos.

En un Estado con altos índices de violencia hacia las mujeres y con Alerta de Género en varios municipios, ¿de qué manera pudiera aportar la Comisión ante esta problemática?

LFRB: No sólo pudiéramos aportar, sino que es el lineamiento especial, creo que es el problema más grave que tenemos en el Estado.

Independientemente de las propuestas concretas, creo que sobre todo tenemos que escuchar y cualquier proyecto que tengas completarlo o construir a partir de las posiciones de las mujeres y en especial de las mujeres que están en situación de violencia, de vulnerabilidad; lo primero que tiene que hacer la Comisión es abrir las puertas para escuchar y si estas personas no llegan a nosotros, salir a buscarlas, es una de las prioridades.

Tenemos que tener claro que la misión de la Comisión es proteger, tenemos que concretar la protección y esa protección no puede quedar solamente en una mera asesoría, abandonando el problema, tenemos que tomar el problema desde un principio y no soltarlo, no evadirlo, hasta que la protección de derechos se concrete, más cuando se trata contra la violencia hacia la mujer.

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El otro tema tiene que ver con la divulgación de derechos, por ejemplo, es un tema muy comentado. La Suprema Corte de Justicia ha dictado lineamientos muy concretos respecto a ciertos derechos, por ejemplo, en la sentencia sobre la interrupción legal del embarazo, la prohibición de criminalizar a la mujer y los límites de la objeción de conciencia médica, la Suprema Corte ya dijo cuál es el derecho de la mujer respecto a estas cuestiones y lo que a veces no se entiende: Que cuando la Suprema Corte dice ‘este es el contenido de un derecho que está en la Constitución’, se acabó la discusión, ya no hay más qué decir, porque la Suprema Corte de Justicia es la intérprete última de la Constitución y no sólo eso, sino cuando se concreta ese derecho ya no se puede revertir, sino ese derecho sólo debe fortalecerse, es el contenido del principio de progresividad que también está en la Constitución.

Creo que no se entiende, no está socializado ni normalizado de que no es así y se tiene la convicción de que es posible revertir esta decisión de la Suprema Corte que ya es definitiva y las autoridades no tendríamos otra cosa qué hacer más que concretar este derecho.

¿Qué otros sectores vulnerables requieren de una mayor atención de la Comisión?

LFRB: Hay muchos: Personas y comunidades indígenas; el tema de los periodistas es muy importante; madres que buscan a sus hijos e hijas… me preocupa particularmente lo que está ocurriendo en la Costa de Hermosillo. Creo que tenemos que hacer un diagnóstico muy serio, acompañado de todas las demás autoridades que tienen competencia respecto a la resolución de este tema.

Tenemos que hacer un diagnóstico muy serio sobre lo que está ocurriendo en la Costa de Hermosillo, porque hay una serie de factores estructurales, de carencias profundas que ha permitido que haya ahí un contexto muy delicado en el que la vulneración de derechos ocurre de forma multisectorial, es una preocupación fuerte ya no sólo mía, sino de la institución que represento.

¿En qué sentido se da esta vulneración de derechos en la Costa de Hermosillo?

LFRB: Hay una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que se dictó en 2016 que se llama ‘Trabajadores de la hacienda verde contra Brasil’ y es una resolución donde la Corte define muy claramente cuál es el significado de esclavitud y servidumbre moderna.

Esa sentencia aunque se dictó contra Brasil, es obligatoria en México, su cumplimiento es obligatorio para todas las autoridades mexicanas para realizar todas las reformas pertinentes para que todos esos fallos se cumplan, para el Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y por supuesto para una Comisión de Derechos Humanos.

Una primera acción que empecé a implementar ya es a la luz de ese fallo que tiene lineamientos no opcionales, sino obligatorios que cumplir, hacer un diagnóstico de si tenemos ese problema concreto en la Costa de Hermosillo y si lo tenemos, también tendremos que tener propuestas y acciones muy concretas con las autoridades competentes para enfrentar esos problemas y resolverlos.

Sobre el tema de las recomendaciones, ¿qué se puede hacer en este tema para que vayan más allá y no queden sólo en recomendaciones?

LFRB: Creo que la imagen de debilidad de las recomendaciones es por dos razones: La primera porque se le compara con las sentencias y principalmente con las sentencias de amparo. El amparo es el instrumento procesal por excelencia para proteger los derechos y una sentencia de amparo es vinculante, obligatoria, no hay posibilidad de evadir una sentencia de amparo. Si comparamos una recomendación con una sentencia de amparo, sí hay esta imagen de debilidad de la función de la Comisión.

Lo cierto es que una recomendación no es tan frágil como se piensa: Cuando una autoridad decide no cumplir a plenitud o en parte una recomendación, la autoridad tiene que fundar y motivar por qué no lo hace y en esa fundamentación, que además debe ser pública, la autoridad se expone.

Además de eso la Comisión tiene la posibilidad de plantear que la autoridad se presente ante la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso para que justifique por qué no se está cumpliendo esa recomendación y cualquier cosa que diga la autoridad, o que no la tenga, pueda tener consecuencias.

Frágil al punto de no tener cumplimiento, creo que no es así.

¿Se tiene que reestructurar este mecanismo de las recomendaciones?

LFRB: Legalmente creo que no, la facultad en la Constitución y en la Ley de la Comisión está bien regulada, lo que pasa es que no se ha sabido ejercer. Las recomendaciones deben dictarse en cierto momento, no se dicta como un primer momento porque se desgasta la institución, tenemos que agotar todos los mecanismos de diálogo para tratar de concretar ese derecho y en un momento extremo dictar esa recomendación que tiene que ser sencilla, directa, visible y en casos muy específicos que lo ameriten.

Las instituciones de seguridad son las que tienen más recomendaciones, según el reporte que hizo el presidente saliente de la CEDH, ¿qué hacer al respecto?

LFRB: Primero debemos tender puentes directos con estas autoridades para tratar de evitar la vulneración de sus derechos y en casos donde ya se haya concretado, tenemos que tratar de resolver el problema que ya está ahí.

Yo en principio no vengo aquí con una actitud imprudente, radical o confrontativa, de lo que se trata es de concretar los derechos y si se puede concretar a través de un diálogo y una negociación, me parece correcto.

Habrá casos en los que la autoridad no esté dispuesta a dialogar, nunca será mi caso, pero habrá casos en que la autoridad señalada como vulneradora de derechos no quiera dialogar y habrá casos donde no reconozca esa vulneración y la posición de la Comisión sea encontrada y se tendrá que ejercer las facultades, pero en principio mi posición nunca será confrontativa, sino de diálogo, sobre todo porque creo que es donde están las posibilidades de resolver la mayoría de problemas de los derechos.

¿Cómo será su relación con los poderes del Estado?

LFRB: Será una relación institucional en el marco que establece muy claramente la Constitución, de respeto, de prudencia y de mucho diálogo, y desde luego sólo cuando lo amerite y en un momento extremo, ejercer esas facultades propias de la Comisión que están ahí, pero siempre como último recurso, lo importante es que se concrete la protección de los derechos y no el protagonismo de la Comisión ni de su titular o de las y los visitadores.

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