Río Sonora: Patear el bote

El secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Víctor Manuel Toledo Manzur, vino a Ures y a Hermosillo esta semana a tratar el tema del Río Sonora no como activista, no como académico y tampoco como funcionario. Vino de cuerpo presente a patear el bote.

Esa es la percepción que quedó tras los eventos que encabezó en Ures con afectados por el derrame de Grupo México en 2014 y durante la presentación de un libro sobre el tema en el Centro de las Artes de investigadores del CIAD.

En lugar de presentar un plan de acción, se le ocurrió la salomónica idea de pedir a los habitantes del Río Sonora que se organicen en comités y que se preparen para un foro científico a fin de dilucidar qué ocurrió hace cinco años de entre académicos que sostienen que sí hubo contaminación y académicos que aseveran que nada pasó.

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Que llueva, que llueva, la virgen de la Cueva

¡Que se organicen en comités! Por Dios, los habitantes del Río Sonora ya están organizados desde hace tiempo (si algo positivo se puede rescatar de esta tragedia ambiental es que hay un aprendizaje cívico muy interesante en la región).

¿Organizar un foro científico para subir al ring y politizar más el problema? Me parece que el Gobierno federal quiere ganar tiempo para no hacer nada.

Vamos, sus representantes vinieron a sembrar más confusión, pues el titular de la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios (Cofepris), Jorge Alcocer, declaró, sin mostrar los documentos, que encontraron en 60 muestras de agua presencia de metales pesados por encima de las normas mexicanas (que ya de por sí son laxas).

En tanto, el responsable de la Unidad de Vigilancia Epidemiológica y Ambiental de Sonora (Uveas), Joel López Villagómez, informó que el número de personas afectadas en su salud no son 381 como se dijo oficialmente sino que hay expedientes de otras mil más.

Y aún hay más: El titular de Cofepris reveló que el Gobierno investiga un segundo derrame, ocurrido entre el 16 y 18 de septiembre de 2014, sobre el cual no se alertó a la población, y ni la empresa ni el Gobierno federal de aquel entonces lo informaron.
En una visita previa a la gira del titular de Semarnat, López Villagómez, de Cofepris, le declaró a la periodista de El Universal, Amalia Escobar: “Definitivamente las aguas están contaminadas de metales pesados y eso hay que corregirlo, se necesitan plantas de tratamiento, análisis continuos para tener una certeza sobre el asunto.

Vamos a tomar muestras en marzo, cerca de la sequía porque varían los resultados, se concentran más los metales pesados mientras que en época de lluvia se diluyen”.
Ahora bien, si el Gobierno federal tiene evidencia de contaminación y de un mayor número de personas afectadas en su salud, lo mínimo que se esperaba de la reunión con el secretario de Medio Ambiente es que presentara un plan de acción y no saliera con mecanismos retardatarios como el de volver a escuchar a la población para posteriormente organizar un foro científico.

Y en medio de todo esto, se empieza a notar un activismo de Grupo México a través de un grupo de académicos para sembrar en la opinión pública la idea de que no hay afectaciones, mientras crece la preocupación en la población por la construcción de una enorme presa de jales cerca de Bacanuchi.

Definitivamente la comunicación no es lo fuerte de Grupo México y sí la opacidad. Si todo está bien, como sostienen académicos afines a la empresa y que han recibido contratos de prestación de servicios, por qué no abren sus instalaciones para que organizaciones civiles y periodistas las visiten. Por qué no han hecho recorridos por la nueva presa de jales para que demuestren si es segura o no.

En el nuevo Gobierno federal hay un funcionario que firma como subsecretario de Minería, Francisco Quiroga Fernández, quien sostiene que la autoridad no puede abdicar a su responsabilidad y que el sector minero está dispuesto a trabajar con grupos ambientalistas genuinamente preocupados por el medio ambiente y de quienes pueden recoger propuestas de soluciones para la 
remediación.

Quiroga señala que hay ambientalistas con los que no se puede transitar porque creen que cualquier tipo de minería es un despojo o con los activistas de ocasión que con argumentos ecológicos esconden agendas políticas, económicas o sindicales. 

Yo, por lo pronto, me quedo con el fraseo de la activista Loyda Valdez, de Banámichi: “No se trata de dinero porque el dinero lo politiza todo; se trata de garantizar agua limpia para la población”.