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Columnas

Problemas de liquidez en Sonora

El Gobierno estatal ha recurrido en lo que va de los primeros meses del año a poco más de mil millones de pesos en deuda adicional.

Por Mario Campa

El Gobierno estatal ha recurrido en lo que va de los primeros meses del año a poco más de mil millones de pesos en deuda adicional. Datos oficiales del Segundo Informe Trimestral 2020 muestran que las ampliaciones autorizadas ya fueron gastadas.

Contrario a lo que argumentó el Gobierno estatal recientemente, la deuda aprobada hace ya nueve meses durante la discusión del Presupuesto Estatal 2020 no corresponde a exigencias creadas por la pandemia y es resultado del poco esfuerzo por aumentar la recaudación propia en la entidad y también de una insuficiente reingeniería presupuestal.

Los primeros efectos del excesivo endeudamiento de Sonora ya provocaron nerviosismo financiero y sonaron las alarmas de las agencias calificadoras de deuda luego de que la entidad defiriera el pago de intereses con Banobras la semana pasada.

Según el documento publicado el 3 de septiembre por Moody’s -segunda empresa más grande del mundo en su rubro y atenta a la evolución de la deuda sonorense debido a que la sobretasa de los préstamos depende por diseño bancario de la calificación crediticia-, las finanzas estatales enfrentan serias presiones de liquidez que se agudizarán en el año 2021 debido a que la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios estipula que los gobiernos subnacionales deben saldar sus líneas de crédito de corto plazo tres meses antes de dejar el cargo.

Según el Sistema de Alertas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), al cierre del año 2019 Sonora tenía una deuda de corto plazo con proveedores de 1,246 millones de pesos (mdp) y debía 2,112 mdp en deuda de corto plazo en manos de instituciones financieras.

Aunque el acuerdo con Banobras libera de cierta presión al Gobierno estatal, el diferimiento de intereses compromete principalmente a la siguiente administración y no exenta de compromisos a la actual.

Ante la necesidad de cerrar las líneas de financiamiento en los siguientes meses y ante el delicado escenario financiero global, el paquete presupuestal del Gobierno estatal deberá ser hacendariamente responsable so pena de que la actual perspectiva negativa que tiene Moody’s de la deuda sonorense lleve a un recorte de calificación y, con ello, a un aumento de los intereses de largo plazo.

No son noticias halagüeñas considerando que el Gobierno estatal ha demostrado poca efectividad para adecuarse a circunstancias cambiantes a lo largo del presente sexenio (2015-2020). Un ejemplo de ello es la rampante violencia en el Estado. Mientras los efectivos de la Policía estatal sumaban alrededor de 830 a principios del sexenio, en cinco años el conteo apenas ronda los 900 elementos, aumentando apenas a ritmo demográfico.

En perspectiva, que haya actualmente en Sonora más de 2,200 elementos de la Guardia Nacional según reportes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana habla de una tibia respuesta por parte del Gobierno estatal para hacer frente al principal problema que ha aquejado a los sonorenses en los últimos años.

La poca contratación de nuevos elementos muestra poca disposición para reorientar el presupuesto para atender las grandes problemáticas locales.

Prestos a iniciar el debate presupuestal 2020, el Gobierno estatal debe demostrar mayor creatividad. Es ahora o nunca.

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