Paquetes, pactos y buenas intenciones

La inflación representa un impuesto regresivo, afecta especialmente a quienes menos tienen, disminuyendo su ingreso real y poder adquisitivo. Esta semana el presidente Lopez Obrador presentó un Paquete Contra la Inflación y la Carestía (Pacic) que pretende enfrentar los efectos de la inflación en la canasta básica que al mes de marzo de acuerdo Inegi presentaba un crecimiento anual de 8.07%.

En dicha presentación se hizo énfasis de que no se trata de un control de precios, se trata de un acuerdo voluntario donde participan Gobierno y empresarios, reconociendo las limitaciones al expresar: “No es decir, ya con esto resolvemos el problema. No, es hacer algo, no quedarnos con los brazos cruzados. Esta va a ayudar, hay que tomar otras medidas”.

Por su parte el secretario de Hacienda, Rogelio Ramirez de la O, afirma que “sin esta medida la inflación llegaría a 10%”, explicando que por los próximos seis meses busca impulsar la producción y distribución de alimentos, así como subsidios en energía, declarando que se promoverá la producción de granos, fortalecerá seguridad en carreteras, se darán facilidades fiscales como diferir la entrada en vigor del requisito de la carta porte, mantener subsidios a electricidad y gasolinas, entre otras medidas.

Miguel de la Madrid Hurtado ante una inflación de tres dígitos en diciembre de 1987 al anunciar un acuerdo entre gobierno, obreros y empresarios sostenía que “no se trata de un plan de choque e inútilmente se buscará compararlo a planes de otros países”, reconociendo que el plan contemplaba “medidas fuertes, amargas y dolorosas” aceptando que el programa no representaba una receta mágica que cura todos los males.

Dentro de los compromisos de aquel Gobierno se anunció un férreo control del gasto, la supresión de los “subsidios de dudosa justificación social”, una política de apertura a productos extranjeros, con una importante reducción arancelaria y de los impuestos de importación.

El pacto de hace casi 35 años logró su objetivo de contener la espiral inflacionaria, mantener un crecimiento económico moderado, con efectos negativos en el poder adquisitivo del salario, tasas reales de interés altas y deterioro de la capacidad productiva local.

El acuerdo anunciado esta semana no deja de ser por su estructura, un acuerdo de buena voluntad, sujeto al buen comportamiento de las partes. Resalta el hecho que el acuerdo de precios entre Gobierno y empresas no concuerda con lo que establece el artículo 9 de la Ley Federal de Competencia Económica, potencialmente incurriendo en prácticas ilegales.

Es también de observar que no existe ningún compromiso explícito del Gobierno federal sobre su gasto corriente, proyectos de inversión y programas de transferencias clientelares. Conocido es que hay quienes piensan que la ley es una molestia, o un cuento, que busca sujetar a los gobernantes a un umbral de comportamiento virtuoso.

No se puede, no obstante las mejores intenciones, dejar de observar lo problemático que resulta el no cumplir la ley. Se pierde la oportunidad de una conversación más amplia al no incluir al sector obrero, organismos empresariales intermedios, Banco de México, Comisión Federal de Competencia Económica, entre otros.

El Índice de Confianza del Consumidor al mes de abril incrementó 0.35 puntos para ubicarse en 44.28, debajo de los 45.49 de abril de 2019. El de confianza empresarial del sector manufacturero aumentó 0.83 puntos en abril, colocándose en 52.84, por debajo de los 52.89 de abril de 2019.

La inversión fija bruta tuvo un decremento real de 2.97 % durante febrero y su índice se ubicó en 94.35 puntos por debajo del nivel previo a la pandemia de 96.84 puntos en febrero de 2020.

De acuerdo a la encuesta de Banxico las expectativas del sector privado de crecimiento económico para 2022 en abril se ajustan a la baja para quedar en 1.73%, con una expectativa de mayor inflación 6.67% y mayores tasas de interés de 8.28%. Los principales riesgos identificados son inflación, incertidumbre política interna, seguridad pública, ausencia de cambio estructural y debilidad del mercado interno.

A marzo del 2022 el déficit del Gobierno federal fue de 112 mil 889.2 mdp, ingresos por un billón 715 mil 738.5 mdp con un endeudamiento interno de 443 mil 897.7 mdp y externo por cinco mil 232.5 millones de dólares. Por lo que corresponde a Sonora los ingresos fueron de 19 mil 998.9 mdp, sin endeudamiento adicional y con una inversión en infraestructura ejercida por 95.5 mdp y pagada por 85.8 mdp, un avance financiero de 6.5% sobre lo presupuestado.

Es de celebrar las buenas intenciones de un Presidente que finalmente acepta que existe un problema, que es por la vía del diálogo y de acuerdos como se puede avanzar, que reconoce que la inseguridad en carreteras es un costo adicional que los consumidores pagamos.

De lograr continuar por el sendero del diálogo y acuerdos se va a lograr revertir el proceso inflacionario y de desaceleración económica en el corto plazo así como sentar las bases para los cambios de fondo necesarios.

La inseguridad es un lastre pesado que inhibe cualquier posibilidad de crecimiento económico y auténtico desarrollo en beneficio de quienes menos tienen. Las buenas intenciones son un buen inicio, esperemos se acompañe por una impecable ejecución y respeto de acuerdos.