La seguridad que todos queremos

En medio de la pandemia y la dura contracción económica experimentada, la reactivación de la economía se ha convertido en la principal preocupación de los sonorenses. No podía ser de otra manera considerando que el PIB cayó en el segundo trimestre del 2020 cerca de 16% y el rebote apenas alcanzó el 9% en el siguiente trimestre. La destrucción de puestos de trabajo también fue significativa: Entre febrero y diciembre se perdieron cerca de 40 mil empleos. Una cantidad importante de empresas cerró parcialmente o de forma definitiva a consecuencia de la pandemia. Esta numeralia negativa permite comprender las respuestas ciudadanas ante la pregunta de cuál considera el problema más importante que vive Sonora.

Sin embargo, a medida que los indicadores económicos recuperan cierta vitalidad y la generación de trabajos muestra signos favorables (tan sólo en enero se crearon 12 mil nuevos empleos en la entidad), la cuestión de la seguridad empieza a desplazar a la economía como el mayor dolor de cabeza en Sonora.

Mucho se ha discutido acerca de la capacidad que tienen los candidatos a la gubernatura para lidiar con esa problemática; al candidato de Morena se le ha cuestionado su capacidad para enfrentar el reto en vista de los resultados obtenidos durante su paso por la Secretaría de Seguridad nacional. En forma deliberada, los críticos pierden de vista, o se hacen de la vista gorda, cuando se muestra la tendencia que registran los principales delitos; estos exhiben una dinámica descendente en el seguimiento publicado por el Sistema Nacional de Seguridad Pública. Hay un número interesante de entidades que se han ido perfilando como ejemplo de que, si se aplican adecuadamente, pueden abatirse los índices de delincuencia. Destaca Veracruz que hasta hace pocos años lideraba el ranking nacional en materia de inseguridad; lo mismo puede decirse de Michoacán y Coahuila donde las autoridades locales, de la mano con las federales, han podido contener los llamados delitos de alto impacto.

En Sonora la delincuencia sigue imparable. No hay día en el que no ocurran muertes violentas o balaceras como la registrada en Magdalena el martes pasado y ciudades como Guaymas, Caborca y Obregón se ubican entre las localidades más violentas del País.

Con ese telón de fondo, vale la pena revisar las responsabilidades que en esa tarea le tocan a cada nivel de Gobierno. La información disponible señala que la fuerza policial federal destacada en Sonora (Guardia Nacional) ha crecido notablemente durante el Gobierno de AMLO: Hasta el año pasado el número de efectivos de la Policía Federal comisionados en el Estado era de alrededor de 300; para finales de 2020 la Guardia Nacional en la entidad contaba con cerca de 2 mil efectivos. Estos datos muestran que la Federación ha hecho un esfuerzo por detener la espiral de violencia que ha ensangrentado al País y a Sonora en particular. No se puede decir lo mismo de las autoridades estatales; la Policía estatal mantiene casi el mismo personal que al inicio de la administración. Dicho de otra manera, es muy poco lo que el Gobierno local ha hecho por contener la inseguridad que priva en cada rincón de la geografía sonorense; en muchas partes del estado la única autoridad es la de las balas. Sobre este asunto volveremos en una siguiente entrega, para analizar el terrible déficit en cuanto a fuerza policial que exhibe la mayoría de los municipios de Sonora.

Arrancan las campañas

La disputa por la gubernatura empieza formalmente este viernes 5 de marzo y concluirá el 6 de junio, cuando los sonorenses en edad de votar acudamos a las urnas. Media docena de candidatos se disputarán la oficina más refrigerada del Palacio de Gobierno. Son dos o quizá tres quienes tienen posibilidades reales de obtener el premio mayor, aunque, si hacemos caso a los estudios demoscópicos, la ventaja que lleva el abanderado morenista parece irreversible.

Alvaro Bracamonte Sierra. Doctor en economía. Profesor-investigador de El Colegio de Sonora.