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Columnas Vía libre

La imposible lucha contra el crimen

A estas alturas habría que preguntarnos si existe alguna razón que explique el lento avance de la pacificación nacional.

Por Alvaro Bracamonte Sierra

Las estadísticas son contradictorias. Los datos proporcionados por el Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública indican una reducción interesante en varios indicadores como los de secuestros, extorsión y robos de vehículos; de hecho, en los delitos de acto impacto la evolución es positiva: Entre septiembre y octubre se registró un punto de inflexión en la cifra de homicidios dolosos. Sin embargo, estos registros no tienen ningún efecto en la percepción de que estamos peor que antes, sensación que muy posiblemente se afianzó luego de los trágicos momentos vividos en Culiacán y en Bavispe. El “culiacanazo” y el “bavispazo” nulificaron el denodado esfuerzo desplegado por los responsables de la seguridad nacional para reducir el ambiente de zozobra que se ha respirado en el País ya por varios años.

A propósito de esos lamentables hechos, la comentocracia y en general la oposición a la 4T han presionado, al límite de la irresponsabilidad, para que se cambie la estrategia contra la inseguridad y, ya entrados en gastos, para que ruede la cabeza del secretario de Seguridad. Evidentemente estos posicionamientos responden a intereses políticos entendibles, aunque no necesariamente justificables. Es la política y los políticos están haciendo su chamba.

A estas alturas habría que preguntarnos si existe alguna razón que explique el lento avance de la pacificación nacional. Cierto que se esperaban resultados espectaculares, como si con sólo pensarlo fuera posible. La respuesta permitiría comprender las causas del exiguo éxito observado en esta materia.

La estrategia integra varios elementos: El primero es la congelación de las cuentas bancarias de personajes presuntamente ligados al crimen organizado; sin dinero no hay manera de contratar matones al servicio de los jefes mafiosos. El segundo tiene que ver con las gestiones que México realiza ante el Gobierno norteamericano para que selle la frontera y evite el trafico ilegal de armas; sin armamento los delincuentes serían casi casi inofensivos. En tercer lugar, está el intento de aliviar de raíz el origen de este terrible problema: Las condiciones de precariedad en que viven las familias pobres de México.

Estas acciones deberían funcionar, aunque los resultados tarden en llegar. Es probable que la demora se deba a que los tentáculos mafiosos han penetrado a autoridades de todos los niveles. Ahí están, por ejemplo, los jueces que liberan a delincuentes casi confesos o los fiscales que protegen a los pillos; están también los policías locales, muchos de ellos comprados; lo mismo ocurre con los agentes ministeriales estatales. Recordemos el caso del fiscal de Nayarit, de apellido Aveitia, que protegía a grupos delictivos de esa región del País. Esa complicidad, tejida de tiempo atrás, dificulta sin duda el éxito de la estrategia pacificadora promovida por la 4T.

Para documentar lo anterior vale la pena referir la detención del ex secretario de Seguridad de Calderón; la captura fue ordenada por la fiscalía de Brooklyn a propósito de las delaciones que hiciera el “rey” Zambada durante el juicio realizado en aquella ciudad al “Chapo” Guzmán. Se le acusa de recibir dinero de la mafia y de encubrir sus operaciones en el trasiego de drogas a Estados Unidos; es un patrón de comportamiento por parte de autoridades encargadas de velar por la seguridad de los mexicanos. Esta complicidad es quizá el mayor obstáculo que impide avances más significativos en la cruzada contra la violencia que azota al País entero.

El presupuesto de todos los días

Avanza el calendario y las noticias en torno al paquete presupuestal 2020 para Sonora, no son necesariamente buenas. Todo indica que, si no hay presión ciudadana, los diputados votarán el presupuesto enviado por el Ejecutivo; un presupuesto que no atiende los justos reclamos que desde las calles y en las redes sociales hace la gente de carne y hueso. Será una lástima si no muestran sensibilidad a las demandas de mayor austeridad y justicia presupuestal.

Álvaro Bracamonte Sierra. Doctor en Economía. Profesor-Investigador de El Colegio de Sonora

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