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Mario Campa

La Simulación Maestra

Es hora de investigar a fondo el desvío de recursos que debió haberse canalizado a inversión pública que salvara vidas.

Por Mario Campa

Se confirma lo que ya algunos intuían y alertaban. El Informe de Resultados 2020 del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF) en manos del Congreso del Estado desnuda la Simulación Maestra que empleó el anterior Gobierno estatal para justificar mayor deuda pública. Muerto el perro, perdura la rabia.

            En pleno clímax pandémico, la administración de Claudia Pavlovich enmarcó la contratación de nuevos créditos de largo plazo como un asunto de vida o muerte. El ogro filantrópico priista resucitaba para venir a salvarnos de la calamidad. Más de uno compraron el garrote con envoltura de dulce, pero el tiempo evidenció que el gasto fue desviado con derroches de opacidad y dejos de cinismo.

            Según el Informe, el Gobierno del Estado celebró tres contratos de crédito a largo plazo por un total de 1343.8 mdp: Dos con Multiva y uno con Bansi. Las líneas se autorizaron en la Ley número 87 de Ingresos y Presupuesto de Ingresos Ejercicio Fiscal del año 2020 expedida por el Congreso del Estado y publicada en Boletín Oficial el 27 de diciembre de 2019, así como en el Decreto110 emitido por el Congreso el 16 de abril 2020, que modificó a la citada Ley para enfrentar la emergencia sanitaria. A resumidas cuentas, fueron créditos ya planeados que después se justificaron apelando a la salud pública. ¿Así quién podía negarse? Hasta de insensibles tacharon a quienes cuestionaron la movida.

            Sin embargo, las auditorías del órgano auditor (ISAF) revelan que el endeudamiento jamás cumplió su misión. Al cierre del 2020, ya cuando la etapa crítica de la pandemia había pasado, sólo 708.6 millones de pesos habían sido dispuestos, de los cuales únicamente 137.5 millones se invirtieron en infraestructura hospitalaria(p.224). El resto terminó en la licuadora fiscal, en gasto corriente o simplemente no se dispuso. Lo cierto es que nos vieron la cara.

Al respecto, el ISAF es contundente: “Podemos resumir que el uso de los recursos públicos en cuanto a la emergencia sanitaria Covid-19 por parte de esta entidad, no fueron eficientes, eficaces ni transparentes en su totalidad, ya que no se pudo realizar auditoría a todo el uso de esos recursos derivado de que no fue proporcionada la integración de la información en su totalidad, así como tampoco proporcionó el registro del gasto devengado lo que limitó el proceso de auditoría”, (p. 123). En otras palabras, el mismísimo auditor desconoce el paradero de los recursos públicos.

Este grave cuadro de simulación sistémica obliga a replantear el seguimiento y la transparencia de las cuentas públicas. A propósito, el Congreso también tiene en sus manos una iniciativa que pretende modificar la Ley de Fiscalización de Sonora. Harían bien todas las fracciones parlamentarias en nutrirla y pulirla, evitando validar nuevas fachadas y excesos burocráticos. El clamor popular pide acabar con la simulación del pasado y la parálisis legislativa. Ya toca actuar.

            Es hora también de investigar a fondo el desvío de recursos que debió haberse canalizado a inversión pública que salvara vidas. Las denuncias del ISAF confirmarían que la anterior administración hizo casi nada para mejorar la recaudación propia y que encima gastó indebidamente. Corruptelas o no, el endeudamiento fue disfrazado de una simulación engañabobos. “La primera vez que me engañes, será culpa tuya; la segunda vez, la culpa será mía”, sentencia un atinado proverbio árabe.

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