Focos rojos de la transición

La transición del 2018 navegó por un mar de calma. La 4T esperó a asumir pleno control del aparato gubernamental para abrir carpetas de investigación a Lozoya, Robles, Guajardo y los que se acumulen. La entrega-recepción no es pues el único ring al que tendrán que subirse los funcionarios salientes, pero sí representa su oportunidad para transparentar cuentas y accionar de buena fe antes de que sus omisiones y opacidades escalen en la cadena del delito.

Existen al menos cuatro focos rojos en Sonora que los equipos de transición tendrán que vigilar con lupa.

Destaca en primer lugar la entrega-recepción de Telemax, que concentró los mayores niveles de presunta corrupción del Gobierno saliente. La investigación de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) sobre la "Estafa Maestra" y la televisora pública sonorense deberá ser cuidadosamente retomada. El equipo encargado de recibir los estados contables podría buscar la asesoría de Muna Dora Buchanin, auditora despedida de la ASF en 2018 por destapar las cloacas.

En segundo lugar sobresale la papa caliente llamada Isssteson. Un informe de la OCDE publicado en el 2020 y solicitado (pagado) por el propio Gobierno estatal destaca la podredumbre generalizada del Instituto, incluyendo fallas administrativas, la concentración de todos los fondos (pensiones, vivienda, servicios médicos) en una sola cuenta, la omisión de reportar líneas de crédito, o la insolvencia actuarial de las pensiones derivado de todo lo anterior y de una Ley 38 sumamente ambigua y atrasada.

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Cerro de la Campana

Un tercer foco rojo es la convocatoria publicada el 8 de julio en el Boletín Oficial para la posible venta de terrenos e inmuebles con un valor de salida por 278,440,837 pesos. Destaca en el catálogo de 29 propiedades el Parque Industrial Sánchez Taboada de Guaymas. La alerta es dual: Por un lado, la fecha de subasta es por demás sospechosa; por otro, algunos de los terrenos podrían formar parte de una canasta que el Gobierno estatal extrajo del Isssteson en su momento y que tiene como antecedente la venta del estadio Héctor Espino, cuyo ingreso terminó en una licuadora de gasto.

Una última alerta sigue esa misma línea postelectoral discrecional. Las notarías públicas parecen seguirse repartiendo como botín político al compás de patrones viciados en los ocasos sexenales. Los colegios de profesionistas denunciaron en semanas pasadas que Miguel Ernesto Pompa recibió una Patente de Aspirante de la Dirección General de Notarías (Boletín Oficial del 7 de mayo) y a las pocas semanas la Patente de Notario (Boletín Oficial del 21 de junio) como titular de la Notaría Pública número 113, ante el desconcierto de cientos de postulantes cabreados por la opacidad.

Estos cuatro focos rojos son sólo algunos con vitrina mediática. Habrá otros asuntos delicados aún por conocerse. Circula en las calles un deseo de justicia (no de venganza) que el Gobernador electo y su equipo de transición deberá escuchar a la par que cuida no caer en el revanchismo vulgar visto en 2015-16 que resultó ser una magna cortina de humo.

La institucionalidad y el Estado de Derecho son compatibles con las demandas populares, siempre y cuando se cuiden las formas y se defienda el fondo con cabeza fría y corazón caliente.