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Columnas

Excesos y difamaciones

Lejos de dimes y diretes, la Gobernadora debe elevar el debate y responder cuestionamientos legítimos: Rampante inseguridad, presupuesto inerte, Cineteca en desuso, incumplidas promesas de campaña. 

Por Mario Campa

El sexenio estatal (2015-2021) ha carecido de obras de impacto social excluyendo el Hospital General en construcción, que además de ser financiado con una mezcla de deuda nueva y recursos de la Federación, tendría que haber sido entregado en tiempo y forma para atender la epidemia de Covid-19.

La inversión pública en Sonora ha declinado continuamente desde el año 2016 y la economía estatal lo ha resentido creciendo por debajo de la media nacional. El Gobierno estatal ha hecho poco por revertir el declive.

Las inercias y excesos del presupuesto estatal pueden verificarse atendiendo las cifras oficiales publicadas anualmente en la Cuenta Pública. La del año 2019 muestra que del año 2015 a la fecha el gasto en servicios de traslado y viáticos aumentó de 44.4 mdp a 67.2 mdp, mientras los servicios de consultoría subieron de 37.8 mdp a 69.4 mdp y los servicios legales y contables escalaron de 163.1 mdp a 441.2 mdp.

Por su parte, el gasto en combustibles saltó de 87.5 mdp a 159.2 mdp, casi duplicándose en cuatro años y reflejando prioridades erráticas.

El Presupuesto Estatal 2021 debe romper la inercia y tener un giro social que complemente los esfuerzos del Gobierno federal en combate a la pobreza e inversión en seguridad pública y salud, eliminando gasto operativo no prioritario. La tela de donde cortar es larga.

Además de tener el cuarto Congreso más caro del País (IMCO, 2020), Sonora es de las entidades que más gasta en publicidad oficial. Para dimensionarlo, los 158.3 mdp quemados en comunicación oficial en 2019 representaron el 0.22% del presupuesto estatal, muy superior al 0.05% federal equivalente.

Alejándose de la autocrítica, la Gobernadora difundió hace dos semanas una acalorada queja contra el presupuesto de la SCT en Sonora. Una rápida revisión del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2021 arroja que Sonora (460.7 mdp) sería una de las entidades fronterizas con mayor presupuesto para comunicaciones y transporte (Ramo 9), sólo por detrás de Nuevo León (1173.6 mdp) y Tamaulipas (769.4 mdp).

Para detonar obra pública, la corresponsabilidad fiscal es vital, teniendo el Gobierno estatal entre sus opciones mayores esfuerzos de recaudación propia o una reingeniería del gasto. La opción fácil siempre será recurrir al endeudamiento, como lo hizo el actual Gobierno en 2016 acusando a la anterior administración de drenaje presupuestal y luego en 2020 por un monto superior a mil mdp.

Durante el fin de semana la Gobernadora difundió un mensaje donde nuevamente aparece irritada, ahora por las difamaciones sobre su presunto enriquecimiento ilícito. Quizá con justa razón, aunque el Sistema Estatal Anticorrupción ha fallado en crear política pública que permita evaluar la declaración patrimonial de funcionarios públicos -mediante auditorías aleatorias, por ejemplo.

Lejos de dimes y diretes, la mandataria debe elevar el debate y responder los cuestionamientos legítimos planteados en este y otros espacios de discusión: Rampante inseguridad, presupuesto inerte, Cineteca en desuso, incumplidas promesas de campaña, gabinete legal carente de mujeres, intromisión del Ejecutivo en los otros Poderes y liquidez estrecha según la calificadora Moody’s (septiembre 2020), entre otros.

Que impere el diálogo frontal y razonado, por el bien de lo público.

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