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Columnas

Energías limpias y sucias: La discusión

El eje de argumentación de los primeros ha girado en torno a que tal disposición representa un ataque contra los inversionistas que inhibiría la inversión y el empleo.

El decreto emitido en el DOF en materia de confiablidad eléctrica dio pie a una fuerte polémica entre detractores y defensores de la 4T. El eje de argumentación de los primeros ha girado en torno a que tal disposición representa un ataque contra los inversionistas que inhibiría la inversión y el empleo. Incluso los ambientalistas pusieron el grito en el cielo esgrimiendo que el decreto afectaba la generación de energías limpias y afianzaba el uso de combustóleo para producir electricidad. 


Aunque parte de esos argumentos parecen convincentes, sobre todo cuando les ponen números a los puestos de trabajo que se perderían o cantidades específicas de inversión que se desaprovecharían, la verdad es que la mayoría de los argumentos no son más que conjeturas tejidas al calor de la malquerencia que les provoca la 4T. Veamos. 


El decreto redefine las reglas para autorizar proyectos de generación de energías limpias. Para efectos prácticos, los nuevos criterios implican que ya no habrá total libertad para instalar, por ejemplo, un campo de celdas fotovoltaicas como el que opera por la carretera a Kino. A simple vista eso provoca la sensación de que el Gobierno federal está contra la inversión privada y que no está interesado en una agenda verde. Los detractores del Presidente aprovecharon esa interpretación para endurecer sus críticas contra la administración federal.  


Es un costo que desde luego se debía asumir al tratar de recuperar la rectoría del Estado mexicano sobre una industria que es estratégica para la reconducción del modelo de desarrollo. Es bien sabido que la industria energética y otros sectores esenciales de la vida pública nacional, como la salud, fueron deliberadamente abandonados para que sus funciones las asumieran los particulares. Esa indolencia explica que hoy con dificultades pueda hacerse frente a la pandemia provocada por el coronavirus. 


Igual sucedió en el sector energético: De ser la CFE una empresa de clase mundial, como rezaba la publicidad hace algunos años, ahora parece un elefante reumático con visibles patologías derivadas de una criminal corrupción y la desidia autoinfligida durante varios años. Tanta negligencia no fue casual, sino resultado de una política premeditada orientada asentar las bases de la privatización de la ex poderosa paraestatal. 


Con ese propósito se reformó la ley en la materia y, súbitamente, una buena cantidad de firmas españolas y canadienses se instalaron en territorio nacional para aprovechar las oportunidades abiertas por el nuevo marco normativo. Fue en ese contexto que se expidieron contratos de generación de electricidad contrarios al interés nacional en tanto que descansaban en condiciones claramente dañinas para el País. Lo curioso y trágico, nada casual además, fue el hecho de que los funcionarios públicos que impulsaron la apertura del sector energético ya aceptaron contratos leoninos, fueron posteriormente reclutados por esos corporativos como altos directivos o como parte de sus consejos de administración. Prevaricar se le llama a esa conducta delictiva y está sancionada por las leyes mexicanas; pero sabemos que en México reina, o reinaba, la impunidad nadie ha sido sancionado por esas perversas conductas. 


Una embestida similar sucedió en Pemex. Por muchos años esa paraestatal fue dejada a su suerte; durante décadas le asignaron duras cargas impositivas que terminaron por descapitalizarla e impedir que invirtiera en exploración y refinación. Éstas y otras estrategias de auto sabotaje explican la situación actual de Petróleos Mexicanos. 


En síntesis, son empresas que pudiendo ser la columna vertebral de la economía son actualmente un doloroso pasivo. El esfuerzo de restauración que se ha puesto en marcha ha implicado reorientar grandes recursos y un desgaste político importante. Sin embargo, su recuperación representa un paso esencial para fincar un desarrollo más equitativo. El intento vale la pena. 


NO AL ASALTO A LA LEGALIDAD  ELECTORAL


Por segunda ocasión algunos legisladores locales buscan reformar el Código Electoral. Están en lo suyo es decir en el agandalle cuando Sonora y el País luchan contra el Covid-19. ¡Qué triste y qué vergüenza!

Álvaro Bracamonte Sierra. Doctor en Economía. 
Profesor-investigador de El Colegio de Sonora.

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