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Dura Lex, Sed Lex

La historia nos muestra grandes ejemplos de incidencia en cambios sociales desde la resistencia pacifica en desafío a las leyes consideradas injustas.

La ley es dura, pero es la ley. Gandhi decía que: “Cuando una ley es injusta, lo correcto es desobedecer”; Martin Luther King, en una carta desde la cárcel de Birmingham escribió: “Quien quiera violar una ley injusta, debe de hacerlo sin ocultarse, con disposición de aceptar el castigo, y de esa manera hacer ver al resto la injusticia en esa ley y, también mostrar su más alto respeto a la ley”. La historia nos muestra grandes ejemplos de incidencia en cambios sociales desde la resistencia pacifica en desafío a las leyes consideradas injustas. Escribía San Agustín de Hipona en el siglo IV: “Una ley injusta, no es ley”. Sófocles, en la tragedia Antigona, nos presenta el debate entre la obligación de cumplir la ley terrenal o la ley divina, donde el rey Creonte se ve obligado a hacer cumplir la ley con las consecuencias trágicas de imponer su soberanía sobre las leyes divinas.

Gobernantes a lo largo de la historia han buscado el cumplimiento de la ley para hacer valer su autoridad y la del Estado, no encuentro pasaje en la historia análogo a lo que escuchamos esta semana en conferencia de prensa :“No me vengan a mí de que la ley es la ley, no me vengan con ese cuento de que la ley es la ley”. Sorprende esta declaración lapidaria de un Presidente que ante un proceso de desafuero decía: “¿Cuál Estado de Derecho puede haber si en México los encargados de impartir justicia, en vez de proteger al débil, sólo sirven para legalizar los despojos que comete el fuerte?, ¿de cuál Estado de Derecho hablamos si sólo se castiga a los que no tienen con qué comprar su inocencia?, ¿qué Estado de Derecho existe si la mayoría de los jueces, magistrados y ministros no tienen el arrojo de sentirse libres y todavía se comportan como empleados del Poder Ejecutivo federal?".

En la larga transición de México a una democracia moderna una de las tareas primordiales y pendientes ha sido la construcción de un Estado de Derecho, donde los gobernantes en su carácter de depositarios temporales de los poderes y el Estado en sus relaciones con los ciudadanos ajusten su comportamiento a las reglas jurídicas establecidas, relaciones que se busca sea con ciudadanos y no de súbditos. La fortaleza de las instituciones y democracia de calidad se nutren de un Estado de Derecho robusto a la par de una sociedad civil activa, libertad de prensa, impartición de justicia independiente y confiable, rendición de cuentas, órganos reguladores autónomos, entre otros.

Hay quienes ven el Estado de Derecho como una camisa de fuerza, como una molestia o simplemente algo que se aplica al resto de población, la tradición monárquica de inmunidad soberana aún pervive en la mente de algunos. El Presidente prometió gobernar con el ejemplo: “Hay que limpiar de arriba para abajo como se limpian, como se barren las escaleras”, ejemplo contagioso que puede dar inicio a un círculo virtuoso, o vicioso como hemos observado en el desacato flagrante e insultante de Constitución, leyes y mandatos judiciales ante el proceso de revocación de mandato impulsado desde el Ejecutivo federal. Al igual que las escaleras en la metáfora presidencial, hoy observamos que las leyes se violan de arriba hacia abajo.

En estas semanas la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha estado en el centro de la atención por la relevancia de los asuntos a juzgar, las implicaciones políticas y las consecuencias económicas de sus sentencias. En ausencia del engrose y votos particulares sería aventurado opinar sobre estas sentencias. Hay que reconocer a la Corte como institución, sus argumentos y resoluciones deben de ser materia de estudio y debate. Me preocupa que se cuestione el prestigio de los ministros y de la Corte misma por parte del Presidente, fiscal general en grabaciones ilegales que se difundieron y legisladores. Ojalá y estas diferencias sean encausadas por vías institucionales y se fortalezca el orden constitucional. Al igual que es importante defender a los órganos autónomos del Estado, es importante defender a la Suprema Corte de Justicia de la Nación como institución.

Mientras todo esto sucede la inflación en México llegó a 7.45%, el Gobierno federal incrementó al 28 de febrero de 2022 de acuerdo a la Secretaría de Hacienda su deuda interna en 194 mil 808.6 mdp y un endeudamiento externo por 6 mil 323.4 millones de dólares (mdd); es decir, 97.4% de la cifra aprobada por el Congreso (6,494 mdd), se reportan 6,235 muertes intencionales en el primer trimestre del año, de las cuales 2,241 se cometieron en marzo, de acuerdo al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, hay un total de 322 mil 761 defunciones por el virus SARS-CoV-2 reconocidas y aún el sistema educativo no está en condiciones de regresar a la normalidad.

México requiere urgentemente de fortalecer el Estado de Derecho. De acuerdo Índice de Estado de Derecho en México del World Justice Project, la medición en 2021 se encuentra en 0.40 en una escala de 1, la pandemia y la disrupción en funciones de Gobierno afectó de forma importante la impartición de justicia. La organización Transparencia Internacional ubica al País en lugar 124 de 180 del ranking de corrupción gubernamental. Los costos asociados al cumplimiento de contratos son del 33.5% de acuerdo al Banco Mundial y la duración de los procesos en estos últimos dos años ha incrementado. No hay en los presupuestos públicos evidencia de un extraordinario despliegue de recursos para hacer válida la promesa de justicia pronta y expedita. Justicia retrasada es justicia denegada.

Óscar F. Serrato Félix es padre de tres, ciudadano, empresario, analista y optimista.

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