Construcción social

El Banco Mundial en “Perspectivas económicas mundiales” de junio de este año, ha revisado a la baja sus proyecciones de crecimiento para el mundo en 2022 en 1.2% para ubicarlas en 2.9% y en 3.0% para 2023. Para México estima 1.7% en 2022 y 1.9 % en 2023, la OCDE estima para México 1.9% en 2022 y 2.1% en 2023. La guerra en Ucrania con su consecuente efecto en precios, volatilidad en mercados energéticos, en materia primas y su efecto en las ya frágiles cadenas de suministro globales ha tenido como consecuencia un aumento en la inseguridad alimentaria y pobreza en el mundo y México, a la vez que ha contribuido en una mayor volatilidad en los mercados financieros reflejados en mayores tasas de intereses y primas de riesgo país.

Todo esto representa para México riesgos y oportunidades. La oportunidad de integrarse en las cadenas de suministro afectadas por cuellos de botella en puertos asiáticos así como por la disrupción de mercados energéticos, a la vez que representa riesgos por no contar con la seguridad en el suministro de insumos estratégicos, el incremento en inflación, tasas de interés y el nivel de endeudamiento del Gobierno federal superior a los 14 billones de pesos, que incrementó en 2021 un billón de pesos 64 mil 638 millones de pesos.

Los riesgos externos aunados con la ausencia del Estado en seguridad y libertad de tránsito presentan retos importantes que se pueden superar con una estricta observancia del Estado de Derecho.

Cumplir y hacer cumplir la ley, no más, no menos.

Mientras todo esto sucede parecería ser, a juzgar por el discurso público, que vivimos en una zona de excepción idílica donde “aquí no pasa nada”. Sin duda alguna la afirmación de que “cada pueblo tiene el Gobierno que se merece” en México y Sonora dejó de ser un llamado a la acción ciudadana para convertirse en una lapidaria sentencia. El mundo de fantasía y adjetivos de la narrativa gubernamental propalada por el Presidente, gobernadores, alcaldes y legisladores oficialistas, oficiosos y obsequiosos, contrasta con esa realidad con la que nos enfrentamos la gran mayoría. La realidad no existe para ellos, ni para sus amanuenses, la vocación de servicio a la sociedad se convirtió en una de servicio al poder en turno. Viven en la cultura de la presidencia imperial, de la infalibilidad del gobernante, del silencio cómplice, del funcionario multiusos, así como de la denostación y amenazas a quien se atreve a declarar que el emperador va desnudo.

Esta semana se cumplió un año de las elecciones en Sonora y se cumplirán nueve meses como gobernador de Alfonso Durazo. Si bien es cierto que el inicio de su Gobierno no fue fácil por la situación financiera del Gobierno del Estado, también es cierto que nunca lo es. Quien ha pasado toda su vida profesional transitando en cargos públicos no debería de sorprenderse ni justificar su inacción en algo tan previsible. Por otro lado es de sorprender la visión de Gobierno y no de Estado, el despliegue de recursos en captura de instituciones para ponerlas a su servicio, así como una ausencia de una agenda legislativa fincada en respeto a la constitución y visión de Estado.

Esta semana se concretó el relevo del auditor mayor del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización del Estado de Sonora, piedra angular en el combate a la corrupción. Es de resaltar cómo se llega a esta designación: 1) Se “convenció” al anterior auditor mayor de jubilarse anticipadamente. 2) Se designó a una auditora mayor provisional por parte de Gobernador con concurrencia del secretario de Gobierno, aceptando violar, en una omisión grave, el artículo 67 de la Constitución Política del Estado de Sonora. 3) El Gobernador manda iniciativa para reformar el mencionado artículo 67 para reducir a seis años la duración en el cargo del auditor mayor, disposición contraria a lo que establece el artículo 116, fracción segunda, párrafo séptimo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Congreso local no lo aprobó. 4) El Congreso de Sonora emite una convocatoria donde una comisión, fiscalización, entrevista y otra decide, régimen interno. 5) Se elige como auditor mayor a la doctora Beatriz Elena Huerta Urquijo, una prestigiada académica que NO cumple con lo establecido en la bases segunda fracciones II y III, ni con lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución mexicana, generando la hipótesis de nulidad en todas sus actuaciones. Ningún diputado objetó, como es su obligación de hacer cumplir la Constitución, no me sorprende.

Lo que sí debería de sorprendernos, preocuparnos y ocuparnos es el silencio generalizado ante estos desvaríos, pocas fuimos las voces que observamos y declaramos públicamente sobre el desaseo del proceso y su desenlace. ¿Dónde están los colegios de profesionistas, organizaciones intermedias y partidos de oposición? Más sorprendentemente aún son los mensajes de beneplácito de algunos sectores ante esta trapacería constitucional. No alcanzo a comprender cómo una persona aparentemente honorable a sabiendas que no cumple con los requisitos se presta para un ejercicio así, menos aún para comprender cómo los profesionales en la materia guarden silencio. De seguir así, seguiremos con los gobiernos que merecemos.