Cimientos

En México de acuerdo al artículo tercero de la Constitución la educación es un derecho. El Estado está obligado a prestar servicios educativos de calidad para que la población pueda cursar la educación preescolar, primaria, secundaria y media superior. Siendo la educación uno de los factores clave para el desarrollo social, preocupan los indicadores de matrícula y deserción escolar después de la suspensión de clases derivado de la pandemia. De acuerdo a lo publicado por Inegi en abril de 2021, 5.2 millones de personas de 3 a 29 años de edad, no se inscribieron para el ciclo escolar 2020-2021, de estos 3 millones corresponden al nivel de educación básica; siendo 1.3 millones por motivos de Covid y 1.6 millones por falta de recursos económicos. En la Medición Multidimensional de la Pobreza 2020, efectuada por Coneval, el 19.2% de la población nacional presenta rezago educativo, 24.4 millones de personas.

De no haber una intervención puntual para atender y revertir el rezago educativo, con un despliegue de recursos extraordinarios, el fantasma de una generación perdida, con consecuencias de vida para estos mexicanos se materializará. Los esfuerzos aparentemente están dirigidos en otra dirección. El pasado 19 de agosto en una inusual edición vespertina del Diario Oficial de la Federación en lo que sería un acto de despedida la secretaria de Educación saliente, Delfina Gómez Álvarez, emite un acuerdo que establece el plan de estudio de educación preescolar, primaria y secundaria con el cual iniciará la aplicación de lo que el Gobierno federal publicita como la “Nueva Escuela Mexicana”. De acuerdo al segundo transitorio este plan será aplicable a estudiantes que les corresponda cursar el primer grado de preescolar, el primer grado de primaria y el primer grado de secundaria en el ciclo escolar 2023-2024, aun sin embargo de acuerdo al cuarto transitorio “Durante el ciclo escolar 2022-2023, en escuelas públicas de preescolar, primaria y secundaria de todas las entidades federativas, se realizará un piloteo del Plan de Estudio que se establece por virtud del presente acuerdo”. La intención de llevar un plan piloto en 30 estados y escuelas elegidas, anunciado escasos días antes, se desecha para que este sea en todas las escuelas públicas, amplían “plan piloto” del 0.48% de las escuelas al 100%, con lo cual deja de ser un piloteo para convertirse en implementación de lleno. De acuerdo a la secretaria saliente “Este plan de estudios promueve una estación para la democracia, compuesta por el respeto a la legalidad, la autodeterminación, el ejercicio de sus derechos civiles, políticos y sociales”. El nuevo plan busca entre otras cosas combatir el colonialismo, patriarcado y mercantilismo, calificando el actual modelo como científico, eurocéntrico, homofóbico y racista.

Es natural que en un país con instituciones débiles sea motivo de preocupación si la nueva secretaria de Educación, Leticia Ramírez Amaya, tiene las competencias, vocación y trayectoria para dirigir los esfuerzos del sector. Si la vocación y prioridad educativa queda subordinada sobre la vocación política partidista, los educandos y México saldrán perdiendo. No obstante el declarar continuamente “no somos iguales”, en la designación de funcionarios de primer nivel, sí lo son. Es facultad personalísima del Presidente nombrar a los secretarios, no obstante que estemos de acuerdo en que el primer acto de corrupción de un funcionario es aceptar un cargo para el que no está preparado, el éxito o fracaso de la nueva secretaria de Educación se sumará al juicio histórico de la administración de López Obrador.

El programa sectorial de educación 2020-2024 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de julio de 2020 contiene en su epílogo como visión 2024:

El Sistema Educativo Nacional ofrecerá mayores oportunidades de acceso, permanencia y conclusión de estudios a todos los sectores de la población. Habrá avances importantes en la ampliación de la cobertura en todos los tipos, niveles y modalidades educativas.

La participación de todos nutrirá la definición de los aprendizajes relevantes para la vida y el trabajo, a fin de impulsar la transformación que tanto necesita el País.

Cada administración busca plasmar su visión en materia educativa, no hay nada nuevo en ello. Cuestiono la forma y bases sobre las cuales se está buscando implementar esta reforma, al inicio del quinto año, sin atender las consecuencias adversas en los educandos derivadas de la pandemia, parecería que poner en el centro a los estudiantes queda atrás en busca de imponer un nuevo modelo educativo. Para poder llevar a buen puerto la visión y metas de inicio de administración, habrá que revertir los indicadores de bajo aprendizaje, abandono escolar y de escuelas, deficiente infraestructura y recortes presupuestales. A junio de 2022 existe un subejercicio del presupuesto federal en materia de educación de 13.55%.

En el epílogo del Plan Nacional de Desarrollo, Visión 2024, el Presidente concluye: “Nadie padecerá hambre, la pobreza extrema habrá sido erradicada, no habrá individuos carentes de servicios médicos o de medicinas y los adultos mayores recibirán pensiones justas y podrán vivir sin estrecheces materiales”. Con los datos de Coneval de 2020, 55.7 millones de pobres, de los cuales 28.6 millones con carencia alimentaria, 10.8 millones en pobreza extrema y 35.7 millones sin acceso a los servicios de salud, se puede declarar ya que la administración de López Obrador ha fracasado.

El camino para erradicar la pobreza en México requiere una fuerte cimentación en la educación. Educación de calidad que permita competir en una economía globalizada. Las transferencias de bienestar, el asistencialismo sin buscar desarrollo, aunados a la búsqueda de limitar expectativas y esperanza de movilidad económica en los jóvenes deben de quedar atrás, la frecuente jaculatoria de: “Por el bien de todos, primero los pobres” sin educación de calidad, sólo quedará como un frase más de campaña destinada al basurero de la historia.

Por el bien de todos, como punto de encuentro, privilegiemos la educación.