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Columnas

Cienfuegos 

El insólito vuelco que ha dado el caso del general Salvador Cienfuegos -que permitió su liberación, retorno a México y vuelta a casa en un mismo día- ha dejado a la sociedad mexicana estupefacta.

Por Carmen Aristegui

El insólito vuelco que ha dado el caso del general Salvador Cienfuegos -que permitió su liberación, retorno a México y vuelta a casa en un mismo día- ha dejado a la sociedad mexicana estupefacta.

Imputado por crímenes graves de narcotráfico y lavado de dinero, Cienfuegos fue detenido en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles a pedido de la DEA, como parte de la “Operación Padrino” que se desarrollaba en Nueva York. Operación que lleva ese nombre en alusión al apodo con el que, presuntamente, los narcotraficantes aliados se referían a Cienfuegos en sus comunicaciones.

El Padrino o Zepeda está de vuelta con un proceso de investigación iniciado por la FGR con las evidencias y pruebas obtenidas por la DEA y que la Fiscalía de EU le entregó a la mexicana.

La gran interrogante, obviamente, es si Cienfuegos será o no imputado por los cargos criminales -o los equivalentes- que se le formularon en Estados Unidos y si “en su caso” enfrentará un proceso penal y si este será en el ámbito civil o militar.

La Fiscalía General de la República es la instancia competente para procesar a una persona que habría cometido los presuntos delitos, estando en funciones y mando militar. Dados los criterios de la Suprema Corte respecto al tema de competencias, se abre la puerta para que el Ejército mexicano invoque el fuero militar para procesar ahí a quien fuera su más alto mando en el sexenio pasado. La moneda está en el aire sobre ese tema crucial.

Cienfuegos fue acusado de producir y distribuir drogas hacia Estados Unidos y por delitos de lavado de dinero entre 2015 y 2017, cuando se desempeñaba como secretario de la Defensa Nacional; en esa calidad, habría operado con uno de los cárteles más poderosos y violentos, el de los Beltrán Leyva, cercanos -en su momento- al cártel de Sinaloa, en su enclave en Nayarit, cuando Édgar Veytia era fiscal del Estado y Roberto Sandoval, gobernador. El primero preso en Estados Unidos y el segundo, en calidad de prófugo, apenas, dese hace unos días. Ahora se sabe que Sandoval fue interrogado por la DEA en Guatemala en dos ocasiones, según información publicada en Expansión por el periodista Daniel Lizárraga.

No es muy difícil imaginar que dos de las fuentes principales para formular las imputaciones a Cienfuegos pudieron haber sido Sandoval y Veytia en interrogatorios de la DEA.

En medio de la encrucijada en la que está metida la 4T con el caso Cienfuegos, la de la impunidad sería una ruta suicida, tal como lo dijo ayer el canciller Ebrard en la conferencia matutina.

Lograr que EU desestimara los cargos por “importantes consideraciones de política exterior que sobrepasan el interés del Gobierno de perseguir un proceso judicial contra el acusado y desechar el caso”, regresarlo a México y que “no pase nada”, efectivamente, sería suicida para el Gobierno de México.

Los argumentos que se han dado para justificar la acción del Gobierno mexicano para librar al ex secretario de Peña Nieto de un proceso en Estados Unidos apelan a la soberanía, al incumplimiento de los convenios de cooperación vigentes desde 1992 entre las dos naciones, a los principios que deben ser defendidos; sin embargo, todo eso no alcanza para disipar los grandes cuestionamientos. ¿Qué implicaciones tendrá, para la justicia en Estados Unidos y por supuesto para México, la extirpación de una pieza clave como Cienfuegos de los procesos judiciales que conectan y que han sido radicados en esa Corte de Nueva York, como el caso de el “Chapo” Guzmán y el del ex secretario García Luna? Decir que los delitos que presuntamente cometió el general fueron cometidos en México y que por lo tanto debe ser investigado en México, es un razonamiento que no se ha tenido con ningún otro del montón de procesados del otro lado de la frontera. ¿La presión ejercida por las Fuerzas Armadas al Gobierno de López Obrador, para una acción insospechada como esta, es el preámbulo de la exoneración al general o de un juicio a modo que no convenza? Si así fuera, sería trágico para el Presidente, para la Fiscalía General y, por supuesto, para México. Sería una muestra del redoblado poderío de los militares sobre las fuerzas civiles en México y el descarrilamiento de la apuesta principal del Gobierno que encabeza el Presidente. Aquí se juega un cacho de historia.

Carmen Aristegui es periodista y conductora de TV en CNN en español.CÍRCULO ROJO

CARMEN ARISTEGUI
Twitter: @AristeguiOnline

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