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Columnas Mirón y Cía

Cerro de la Campana

A nivel nacional e internacional ha tenido eco el anuncio del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre el futuro del Gasoducto Sonora...

Por Cerro de la Campana

A nivel nacional e internacional ha tenido eco el anuncio del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre el futuro del Gasoducto Sonora ya que Ienova, la empresa a cargo de esta infraestructura, es subsidiaria en México de Sempra, una firma basada en San Diego, California.

Y es que el plan del presidente AMLO anunciado el jueves pasado en Ciudad Obregón va más allá de la reubicación de ese gasoducto, como lo prometió al pueblo Yaqui, pues ayer planteó la posibilidad de revender el gas natural a Asia y a Centroamérica.

Hasta el momento no hay una postura de la empresa Ienova, a cargo de esta infraestructura, que empezó en 2013 en el Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto como parte de su plan de la reforma energética y que cuya construcción ha estado detenida por integrantes de la comunidad Yaqui que están en desacuerdo porque atraviesa su territorio.

Lo que ha explicado el mandatario mexicano es que esa obra consta de un contrato “leonino” por el que la CFE debe pagar multas al estar detenida su construcción, por lo que analiza la opción de que Hacienda federal pague por los trabajos de un nuevo trazo.

El plan federal con el gasoducto es mucho más amplio pues se indica que se firmaron contratos para construir gasoductos para alimentar plantas termoeléctricas que no se hicieron y se generó un superávit con la importación de gas, por lo que se contemplaría instalar plantas en Topolobampo, Sinaloa, y en Salina Cruz, Oaxaca, para llegar a Japón y otros puntos del mercado asiático.

Así que si todo avanza para este nuevo proyecto se resolvería la exigencia de los yaquis y la venta de ese excedente de gas, lo que aún faltaría conocer es lo que desembolsará Hacienda federal al concretarse este ajuste.

Ante la urgencia de buscar la creación de empleos en la entidad se anticipa una iniciativa que pretende agilizar la tramitología para la apertura de empresas que será incluida en la Ley de Competitividad y Desarrollo Económico para el Estado de Sonora.

La pandemia ha provocado en la entidad la pérdida de alrededor de 37 mil puestos de trabajo de marzo a junio de este año, sólo en el sector formal de trabajadores asegurados, y la reactivación económica sujeta al semáforo de riesgo epidemiológico todavía es lenta.

Ante eso, la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano dio a conocer ayer en una reunión virtual con cerca de 500 participantes de diversos sectores productivos, de la academia y la sociedad civil que se trabaja en esa propuesta que contempla un esquema para asegurar la apertura rápida de una empresa porque otorga un plazo de 60 días hábiles después del inicio de operaciones para presentar los trámites.

Bajo ese mecanismo se reducen los plazos legales y con la aplicación de la “afirmativa ficta”, lo que incluye que si los empresarios no tienen respuesta en los plazos establecidos se tienen por aceptadas; en esto no entrarán giros que exigen trámites especiales de protección civil como las guarderías o las gasolineras.

Con la proximidad del proceso electoral cuyos trabajos inician la primera semana de septiembre, mañana iniciará una capacitación enfocada en los pueblos originarios de Sonora organizada por el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, que preside la consejera Guadalupe Taddei Zavala.

Durante cuatro días abordarán varios temas desde la organización y nombramiento de las autoridades en cada comunidad indígena y entre las etnias que participarán están los yaquis, mayos, pimas, guarijíos, tohono O’tham, cucapás, comca’ac y los kikapús. 

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