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Columnas Mirón y Cía

Cerro de la Campana

El Congreso del Estado tiene ya la primera solicitud de juicio político en contra de la alcaldesa de Navojoa, María del Rosario Quintero Borbón.

Por Cerro de la Campana

El Congreso del Estado tiene ya la primera solicitud de juicio político en contra de la alcaldesa de Navojoa, María del Rosario Quintero Borbón, presentada por tres regidores, dos de los cuales pertenecen a Morena, partido que la postuló para que llegara a la alcaldía.

En la sesión ordinaria del pasado martes se le dio entrada al documento firmado por los ediles Berenice Jiménez Hernández, del PAN; Carlos Alberto Quiroz Romo, de Morena, y Teresita Álvarez Alcántar, también de Morena.

La solicitud de juicio político igualmente incluyó a José Guadalupe Morales Valenzuela, actual secretario del Ayuntamiento.

Consideran que existen faltas omisiones y conductas establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Constitución Política del Estado, que son causales para procedencia de dicho juicio.

Será la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, que coordina el diputado Jesús Montes Piña, la que determine si procede o no el juicio; en dicha comisión también están Norberto Ortega, Raúl Castelo y Gricelda Soto Almada, los tres del partido al que pertenece la presidenta municipal.

Entre las acusaciones que señalan los regidores están el uso indebido de funciones, adquisiciones de boletos de avión a familiares con recursos públicos, así como el tema de vales de gasolina.

A unos días de que quede conformado el Comité Técnico que evaluará a los aspirantes al Instituto Nacional Electoral, el tema tomó relevancia ayer cuando se filtraron los nombres que propondría la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Se trata de John Ackerman y Carla Humphrey, el primero de ellos esposo de la titular de la Secretaría de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval; las reacciones en contra inundaron las redes sociales y los espacios informativos, por lo que la presión en el organismo defensor de derechos humanos lo llevó a desmentirlo.

La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados eligió ayer a tres más del comité: Silvia Giorguli, Blanca Heredia Rubio y Diego Valadés, quienes se unen a los dos que seleccionó el INAI, Ana Laura Magaloni Kerpel y José Roldán Xopa.
Ackerman, en su cuenta de Twitter, ya había aceptado la designación de la CNDH, por lo que se desconoce qué vaya a pasar.

El proceso para elegir a los nuevos integrantes del INE ya inició al lanzarse la convocatoria, donde se inscribieron 36 especialistas: 10 mujeres y 26 hombres.

La posible concesión del alumbrado público en Guaymas tiene dividido al puerto; hay voces que están en contra porque aseguran se afectarán las finanzas del Municipio, otras que es necesario ante la situación y fallas del servicio.

De acuerdo con un diagnóstico en manos de los regidores, en la ciudad hay 11 mil 721 luminarias y se tiene una eficiencia del 44%, por lo que tiene un efecto en la seguridad pública.

La concesión, si así lo deciden los ediles, será bajo la modalidad de alianza público privada, es decir, donde habrá recurso de los empresarios.

El que ya estableció su postura fue el diputado local por Guaymas, Rodolfo Lizárraga, quien dijo hará todo lo que está en sus manos para evitar que el servicio se concesione; se espera la reacción de los sectores en este tema.

Pero no es el único Ayuntamiento que ha sido autorizado para que utilice la misma modalidad y con el mismo servicio de alumbrado público. Caborca, lanzó a principios de este año, una licitación nacional para atender el problema que enfrenta en esta materia. 

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