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Columnas Mirón y Cía

Cerro de la Campana

El ataque armado a un auto de la alcaldesa de Guaymas levanta una alerta del nivel que alcanza la violencia en esa región.

Por Cerro de la Campana

El ataque armado a un auto de la alcaldesa de Guaymas, Sara Valle Dessens, que estaba a unos metros de la casa donde ella se encontraba, levanta una alerta del nivel que alcanza la violencia en esa región.

Ella denunció ayer un atentado e hizo desde Hermosillo una serie de acusaciones a manera, dijo una reflexión, sobre quién pudo ser y de dónde pudo venir ese golpe, pues aunque puede ser del crimen organizado, expuso, pero también que pudo generarse desde quienes se han visto afectados por sus acciones contra la corrupción.

Los hechos ocurridos la noche del jueves en ese puerto generaron preocupación entre los guaymenses y los sonorenses por la forma en que fue rafagueado el vehículo con armas de alto poder y porque, a decir de la presidenta municipal, la agresión fue minimizada por las autoridades.

Y es que horas después de que el automóvil fue baleado, la Mesa de Seguridad por la Paz, integrada por autoridades federales, estatales y municipales, señalaron en un comunicado que las detonaciones de arma de fuego provocaron “daños a un vehículo ubicado a varios metros del domicilio de la alcaldesa”.

Los guaymenses y empalmenses viven una situación crítica porque sigue imparable la incidencia de delitos de alto impacto con homicidios dolosos, ataques crueles como incendios de casas y balaceras.

Lo que se dice es que en esa región de Guaymas y Empalme, la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana que encabeza el sonorense Alfonso Durazo tiene el mando de la seguridad e implementa estrategias que al parecer no están funcionando por los hechos violentos que siguen ocurriendo en la región.

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Una movilización nacional alistan los productores del País para reclamar por el recorte de recursos federales al campo y a esa protesta se sumarán productores sonorenses.

Agricultores de Cajeme dieron a conocer ayer que participarán en ese movimiento que se planea realizar en la Ciudad de México en busca de mejoras para el campo.

En este frente están organizaciones agrícolas y campesinas de los estados graneros del País que consideran que en el presupuesto federal del 2020 le ha dado un “golpe al sector” por el recorte del 29% en los recursos a Sagarpa, ya que en 2019 se asignaron 65 mil 434 millones de pesos, mientras que para el año próximo se proyectan 46 mil 253 millones de pesos.

Adicionalmente, los agricultores han señalado que en este año hubo 6 mil 700 millones de pesos para Agro Mercados Sociales y Sustentables y en el 2020 no se contempla nada.

Bosco de la Vega, presidente del Consejo Nacional Agropecuario, considera que las medidas previstas para el año próximo desfavorecen al sector y significarán “un desmantelamiento a la agricultura comercial”.

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Después de las diferencias entre el sector empresarial y Hacienda sobre las medidas fiscales contempladas en el paquete económico del 2020, ambas partes llegaron a acuerdos para hacer cambios en esas iniciativas fiscales.

Con el secretario de Hacienda, Arturo Herrera estuvo el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Salazar, ahí se acordó modificar algunos puntos sin que afecte las metas de recaudación tributaria estimada para el año próximo.

Las quejas de los empresarios es que la miscelánea fiscal tiene aspectos discrecionales e “inquisitivos” que no le dan certidumbre al sector y se supone que esos se cambiarán y que faltará revisar la ley conocida como “antifactureras”.

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