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Amafiar al poder judicial

En medio de las fiestas de fin de año, hay que estar muy alertas con lo que decida el Congreso del Estado en los próximos días. 

Por Juan Carlos Zúñiga

En medio de las fiestas de fin de año, hay que estar muy alertas con lo que decida el Congreso del Estado en los próximos días. 

Y es que cuando uno cree que está frente a la peor legislatura (como la anterior que aprobó las reformas constitucionales de agosto de 2018), puede venir una que la supere (y vaya que la actual cada día suma méritos por el decepcionante papel que han tenido los diputados de Morena y sus ex aliados del PES y PT).

El 3 de octubre pasado, la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano presentó una iniciativa de reforma a la Constitución del Estado para que los nombramientos de magistrados del Supremo Tribunal de Justicia (STJ), que es el máximo órgano judicial de la entidad, queden en “familia”.

Es decir, de prosperar la iniciativa, los actuales magistrados Francisco Gutiérrez Rodríguez, Javier Enríquez Enríquez, Griselda Ofelia Pándura Truqui, Héctor Rubén Espino Santana, Juan Sebastián Sotomayor Tovar, Elvia Zatarain Andablo y Miguel Quintana decidirán quiénes serán sus sucesores. Y no sólo eso, lo harán únicamente de entre los magistrados regionales, que actualmente son quince.

La iniciativa es discriminatoria porque no sólo dejaría fuera a jueces y demás personal del Poder Judicial, sino a todos los abogados que estén en el ejercicio privado, la academia, la investigación y la sociedad civil organizada. Recordemos que los requisitos vigentes para ser magistrado del STJ son muy sencillos y, por lo tanto, incluyentes: Antigüedad de 10 años del título, 35 años de edad, buena conducta y honorabilidad.

El jueves, el Senado nombró a Margarita Ríos-Farjat como ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de la terna que estuvo compuesta por Diana Álvarez Maury y Ana Laura Magaloni Kerpel. De pasar esta reforma en Sonora, ninguna de las tres pudiera aspirar a ser magistrada del STJ, pues no son de carrera judicial.

Si bien, los gobernadores de Sonora, con la complacencia de las legislaturas que les tocaron, han abusado de su facultad de proponer magistrados del STJ al colocar a allegados suyos, como Guillermo Padrés con Sebastián Sotomayor y Héctor Rubén Espino, la idea que tienen la actual Gobernadora me parece un exceso por no ser propia de un sistema democrático. Es como si los diputados salientes pudieran decidir quiénes se quedarán con sus curules o que los gobernadores salientes decidieran quiénes los sucederán en los cargos.

Pero eso no es todo, esta reforma pretende hacer vitalicios a magistrados y jueces mientras no se les compruebe delito. Actualmente duran en su cargo cinco años con la posibilidad de ser ratificados por 10 años más para sumar quince años de carrera judicial.

Esta pretendida bazofia legal pretende amafiar aún más la justicia en Sonora, en donde unos cuantos decidirían sobre la administración de la justicia en todas las ramas: Civil, mercantil, penal, familiar y laboral.

Esta iniciativa se encuentra actualmente en la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales y el pasado 25 de noviembre fue presentada a sus integrantes. Se supone que los diputados de dicha comisión tenían hasta el 5 de diciembre pasado para manifestar observaciones sobre la propuesta de reformas a los artículos 113, 114 y 121 de la Constitución del Estado.

Al leer los nombres de algunos de los integrantes de la Comisión de Gobernación me llené de terror porque, sin exagerar y muy en serio lo digo, no sería irreal que puedan confundir Poder Judicial del Estado con Policía Judicial del Estado, un error común de quienes no conocen sobre división de poderes.

Los diputados deben dejar intocada la Constitución local en esa materia, pues debe prevalecer la regla de que el Gobernador en turno, con la ratificación del Congreso, nombre a los magistrados del STJ de entre abogados de carrera judicial o del ejercicio privado o académico.

La Gobernadora estaría renunciando a su facultad de nombrar magistrados y además limita al Congreso del Estado para la ratificación de los mismos, pues de pasar esta propuesta se le estaría dando al Poder Legislativo sólo tres días para pronunciarse sobre la propuesta, de lo contrario habría afirmativa ficta, que consiste en que si el Congreso no hace nada se tiene por aprobado.

En agosto de 2018, la anterior legislatura aprobó una serie de reformas constitucionales para empoderar al Ejecutivo sobre el Legislativo ante la nueva mayoría que había sido elegida el 1 de julio de ese año. Hoy en 2019 se pretende acotar al Ejecutivo sobre el Judicial. ¿Será porque las encuestas indican que Morena podría ganar la gubernatura en 2021?

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