Columnas ¿Van a ser transparentes al nombrar al fiscal general?

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En estos tiempos en los que el Congreso de Sonora debe nombrar al Fiscal General me es preciso señalar lo inadmisible que sería volver a los tiempos en los que los gobernantes hacían lo que querían sin dar una explicación suficiente de las razones de sus actos. La Fiscalía es por de más estratégica para combatir la impunidad y ello impactará de forma crucial en nuestra vida en sociedad por casi una década. Al día de hoy estamos así de mal por varias razones, una de las más importantes es porque la procuración de justicia es una falacia en nuestro País. La oportunidad histórica esta dada… ¿la aprovecharán? Existen no solamente obligaciones normativas en las que se deja claro qué se debe publicar (y qué no) en una designación pública, sino también principios y buenas prácticas que se han abrazado en otros procedimientos similares y que han habilitado un ambiente propicio para la rendición de cuentas. Ciertamente el aprendizaje del año es que la transparencia no garantiza las mejores decisiones, pero es mejor que navegar en la ceguera de la opacidad. Es mejor la luz que la oscuridad. Es mejor debatir sobre la decisión que sobre la falta de transparencia. ¿Recuerdan cuando el partido único aprobaba lo que quería sin decir “agua va”? ¿Hemos olvidado ya las sesiones en la madrugada con el orden del día cargado de temas en detrimento del interés público? ¿Algún legislador actual leyó uno de esos dictámenes llenos de incoherencias retóricas y simulación de explicaciones? Eso y múltiples absurdos más nos llevaron a exigir transparencia a los poderes legislativos del País y fue así que hace algunos años se creó un piso mínimo que debe regir el tema de las designaciones públicas. Hagamos el ejercicio de repasar dichos principios y hacer algunas recomendaciones para su instrumentación en el nombramiento del Fiscal General. 1. Máxima publicidad y apertura del proceso; con toda la información de los aspirantes. Aquí no se han publicado las versiones públicas de los currículums ni los planes de trabajo de los aspirantes. Esto incluye discusiones públicas y amplias de quienes tomarán la decisión. 2. Establecimiento de plazos específicos y obligatorios; esos fueron precisados en la convocatoria y están acorde a lo establecido en la legislación. 3. Definición de perfil y requisitos; más allá de lo que son los requisitos de ley, un perfil es fundamental para orientar los criterios con los que se debe tomar la decisión. Un perfil es el ideal a lograr y, quien gane, deberá ser quien más se acerque a él. 4. Definición de los mecanismos de evaluación basados en dicho perfil; son los elementos objetivos y subjetivos que deben tomarse en cuenta. ¿Qué peso tendrá la experiencia por encima de la preparación académica? ¿Un posgrado es más importante que una trayectoria profesional de años de experiencia? ¿Cuánto pesa una vida libre de escándalos por encima de otros elementos a considerar? ¿Qué tanto peso se le va a dar a la idoneidad de un candidato por encima de otros elementos como su independencia o preparación? 5. Participación ciudadana; es la posibilidad de que la sociedad civil, organizada o no, pueda decir lo que considere a los que tomarán la decisión respecto de los candidatos. Es fundamental que la población en general, no solamente órganos formales de participación (como el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública) tengan la oportunidad de aportar. En esto es importante decir que otros procedimientos tienen incluso por ley un espacio para “impugnaciones” y que en otros los que toman la decisión abren hasta audiencias públicas para escuchar lo que la gente tiene que decir. ¿Por qué aquí no tenemos nada de esto? 6. Fundamentación de las decisiones. Implica que se pueda conocer el por qué se tomó tal decisión. Se puede o no estar de acuerdo, pero los criterios y las valoraciones (respetando siempre los datos personales) deben ser completamente públicos. El día de hoy que el Pleno del Congreso decidirá los nombres que enviará al Consejo Ciudadano de Seguridad Pública sería impresentable que nuestros diputados renuncien a su responsabilidad y remitan solamente una valoración de quién cumplió los requisitos y quién no. ¿Estarán a la altura del reto?

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