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Cerro de la campana

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Al menos en el arranque para la elección del nuevo fiscal general de Justicia del Estado hay diputados que empujarán por un ejercicio abierto con una convocatoria para que la sociedad proponga candidatos y se pueda llegar al consenso en el Congreso. La expectativas de líderes políticos y sociales es que los legisladores, el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública del Estado y el Ejecutivo hagan este proceso a los ojos de los sonorenses para tener un fiscal capaz y honesto, pero sobre todo sin intereses partidistas, que no sea producto del amiguismo o compadrazgos, ni el resultado de cuotas de poder. El Consejo Ciudadano para la Seguridad está por reunirse hoy o mañana y lo que se espera es que, a diferencia de participaciones pasadas, ahora informe de sus intervenciones en el proceso de elección del titular de la FGJE y en la terna que propondrá a la Gobernadora para la designación del secretario de Seguridad Pública. Esto, ante las renuncias de Rodolfo Montes de Oca a la Fiscalía y Adolfo García Morales a la SSP. Aunque la gobernadora Claudia Pavlovich estará muy cerca en esta labor para nombrar al fiscal y decidirá sobre las propuestas, hay quienes creen que el senador Alfonso Durazo Montaño tendría un rol importante porque será el secretario de Seguridad en el País y es considerado el líder de los 10 morenistas, la bancada más numerosa del Congreso. Otro problema que está latente es el del transporte público donde hay una “tensa calma” pues los concesionarios de la Sociedad Integradora y Concentradora del Transporte Urbano de Hermosillo (Sictuhsa) aunque acataron pacíficamente la requisa de más de 200 unidades de ellos y de Red, anoche estaban reunidos hablando sobre cómo enfrentarán la situación. En el primer día de operación del transporte por parte del Estado, que fue ayer, los usuarios pasaron las de Caín, pues hubo pocas unidades, demoraron horas o iban repletas, muchos pagaron taxis y terminaron muy molestos pensando que las cosas van de “mal en ‘pior”; el plan emergente, a cargo del director estatal del Transporte, Carlos Morales Buelna, se quedó cortó, así que tendrá que acelerar el paso para estabilizar el servicio. En el rezago del transporte, los gobiernos han sido responsables por la opacidad que hay sobre las concesiones, concesionarios o el recurso público destinado por muchos años, lo último que se menciona es que son 640 millones de pesos dados a los transportistas, quienes le deben a todo mundo desde el IMSS, Infonavit y demás. Se supone que velando por el interés de la gente está otro consejo “ciudadano”, que el año pasado autorizó un aumento del 64% a la tarifa en una reunión secreta basado en un estudio técnico que jamás apareció. Esto es sólo una pequeña parte de lo que ha rodeado a este servicio, sin contar el manejo político, por lo que para un cambio tendría que transparentarse todo. Y para rematar, en materia de seguridad está la denuncia que hacen familiares de los policías asesinados en Guaymas y un jefe policiaco sobre que no tenían seguro de vida; ayer recorrieron las oficinas municipales y nadie les dio razón. Ahora tendrán que esperar porque ayer renunció el comisario de Seguridad Pública Municipal, Daniel Morales Pardini, a quien en menos de 20 días en el cargo le estalló la masacre de agentes en el puerto. Ésa no es la única corporación con graves problemas, hay otros municipios donde faltan armas, patrullas y hasta uniformes. Un tema para los alcaldes y el próximo titular de Seguridad Pública de Sonora.

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