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Cerro de la campana

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Guaymas se bañó de sangre con el asesinato de cinco policías cometido por sicarios en dos ataques armados que alarmó a los sonorenses y trascendió a nivel nacional, evidenciando el grave problema de violencia e inseguridad que se enfrenta en la entidad. Alrededor de mediodía se registraron las agresiones en el puerto, donde primero murieron dos policías municipales y después se reportó la muerte de tres agentes más que habían quedado heridos; hay otros tres lesionados. Y a pesar de lo que ocurría en Guaymas y el temor de la población que se expresaba en las redes sociales pasaron horas de hermetismo, como ha estado ocurriendo en los últimos hechos violentos. Una de las principales preocupaciones manifestada es que la seguridad de Sonora se les fuera de las manos a las autoridades y que pase lo que ha sucedido en otras entidades; la mayor exigencia es que actúen, se coordinen los tres niveles de Gobierno, independientemente de sus siglas políticas. Guaymas se convirtió en trending topic por la matanza de policías y fue hasta la noche cuando aparecieron las autoridades, primero la alcaldesa, Sara Valle, para explicar que sólo tiene 18 días en el cargo y la situación que se vivió “venía de tiempo atrás”. Luego, siguió un comunicado de la PESP para decir que accionaron un plan operativo emergente por tierra y aire para reforzar la seguridad de la ciudad. Este escenario de violencia inquieta en Sonora y en todo el País por lo que les espera un gran reto a Andrés Manuel López Obrador como Presidente de México y el sonorense Alfonso Durazo, próximo titular de Seguridad Pública, para cambiar este escenario que en los últimos dos sexenios, de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, ha dejado más de 200 mil homicidios dolosos. La repartición de las seis comisiones claves se hizo ayer en el Congreso del Estado en medio del reclamo de legisladoras de que sólo una era encabezada por una mujer. En la sesión de ayer se aprobó la integración de las comisiones y sus presidentes que quedaron en: Gobernación y Puntos Constitucionales, Jesús Alonso Montes Piña (PES); Primera Comisión de Hacienda, Diana Platt Salazar (Morena); Segunda Comisión de Hacienda, Rogelio Díaz Brown (PRI), Justicia y Derechos Humanos, Jesús Eduardo Encinas Lucero (PAN); Presupuestos y Asuntos Municipales, Rodolfo Lizárraga Arellano (PT) y en Fiscalización, Francisco Javier Duarte Flores (Panal). Quienes protestaron por esa conformación fueron las legisladoras Yumiko Yerania Palomares Herrera, Nitzia Corina Gradas Ahumada, Gricelda Lorena Soto Almada y Miroslava Lujan López, porque pedían más participación de mujeres al frente de las comisiones. Antes de entrar a los pendientes más próximos y fuertes que tiene esta 62 legislatura de ahora a diciembre, como es el análisis y discusión del paquete económico para 2019 o la glosa del tercer informe del Gobierno estatal, tiene que resolver el conflicto laboral con los 16 funcionarios legislativos que fueron separados de sus cargos. Por cierto, las diferencias siguen entre los aliados electorales de Morena y PT en el Congreso del Estado pues ayer se dio una discusión después de que el coordinador de la bancada petista, Rodolfo Lizárraga, acusara de nepotismo a la diputada morenista Diana Platt, al señalar que su esposo había sido nombrado funcionario municipal. La legisladora le respondió que no había ilegalidad en el caso de su esposo y además le dijo al petista que había traicionado la coalición Juntos Haremos Historia integrada por Morena, PT y PES.

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