Batarete

El pasado miércoles 26 de septiembre se cumplieron cuatro años de la desaparición de 43 estudiantes normalistas en Iguala, Guerrero. Durante el “operativo” fallecieron, además, varios estudiantes y algunos miembros de un equipo de futbol que viajaba en un camión que fue baleado por la Policía Municipal por una confusión criminal en la peor tradición aquella de “mátalos y después averigua…”. Entonces Enrique Peña Nieto llevaba dos años de Gobierno y su sexenio estaba ya empinado hacia el desdoro y la ineficacia. La suerte de los estudiantes de Ayotzinapa, sede de la normal donde estudiaban, fue uno de los eventos que precipitaron el declive de un Gobierno infructuoso y además irresponsable. Un breve recuento: En Iguala las “fuerzas del orden” dispararon en contra de estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, cuando solicitaban fondos para asistir a la conmemoración del 2 de Octubre en la capital del País. Habían tomado algunos camiones del transporte público. Lo hacían con frecuencia y los devolvían sin daño. Esa tarde, se informó, requisaron cuatro camiones (luego nos enteramos que eran cinco, pero las autoridades intentaron mantener disimulada esa quinta unidad), y fueron a “botear” a varios puntos de Iguala. Se dice que entonces la pareja que gobernaba la ciudad, los Abarca, alcalde y esposa, dieron la orden de que los detuvieran a como diera lugar. Comenzó una persecución que arrojó varios muertos, estudiantes y futbolistas tiroteados por la Policía, que para entonces entendía su objetivo como atajarlos vivos o cadáveres. Los uniformados salieron a agredirlos y detenerlos. Y lo hicieron. Desde la jefatura de Policía se dio la orden de trasladarlos hacia algún sitio recóndito. Sólo 43 cupieron en las camionetas; los otros se salvaron. Entonces un cabecilla del grupo criminal, Guerreros Unidos, dispuso -esa parece que era la cadena de mando en Iguala- que los ejecutaran, afirma un testigo. ¿Qué originó una respuesta tan violenta de parte de policías y sicarios? Aquí es donde toma relevancia el quinto camión, cuya existencia quisieron negar: Se especula que estaba cargado con droga destinada al mercado fronterizo. Cuando los muchachos lo requisaron pusieron nerviosos a quienes habían invertido en ella y no iban a arriesgarla por un hatajo de revoltosos. De ahí la rapidez para reaccionar de los malhechores y los policías, que actuaron como subordinados de los sicarios. Si ese quinto camión portaba una inversión considerable para un grupo criminal, se comprende mejor el episodio, pero quedan serias interrogantes por responder: ¿A qué nivel había complicidad en el tráfico de droga? ¿Sólo en el Municipio o en un círculo más amplio: El Estado de Guerrero, algún funcionario federal? ¿Qué papel jugó el Ejército en todo el suceso? ¿Qué sucedió con los normalistas detenidos y llevados, dicen, al basurero de Cocula y ahí asesinados? Al día siguiente asombró la noticia: Varios normalistas, y unos futbolistas, muertos en la capital de Guerrero. Y el rumor insistente, angustiante, de que había 43 desaparecidos. Y empezó la búsqueda: Padres y hermanos, compañeros y amigos, preguntando, acudiendo a los separos, a los hospitales, a preguntar casa por casa. Nada, sólo una sospecha que crecía, se hacía pesada y dejaba un dolor enraizado en lo más íntimo. Y desde entonces los padres de los desaparecidos, sus compañeros normalistas y la sociedad entera ha estado en vilo, intentando saber qué hicieron con ellos; buscando al menos sus restos para enterrarlos y cerrar el duelo. Hasta ahora el Gobierno de Peña Nieto no ha logrado convencer: Muchos consideran que las torpezas en la investigación apuntan a que algunos personajes tienen mucho que perder si se arriba a la verdad; pareciera, se dice, que había complicidades estructurales entre Gobierno y delincuencia. López Obrador afirma que creará una comisión de la verdad que inquiera y concluya el proceso, y arribe a una conclusión satisfactoria; y se castigue a los culpables, de todos los niveles. Urge. No podemos quitar el dedo del renglón.