Análisis sin Fronteras

La “estrategia” de Andrés Manuel López Obrador es un gran experimento. La interrogante es si un gobernante con la popularidad y la autoridad moral que tiene el Presidente será suficiente para reducir la corrupción en México. A través de las décadas otros países democráticos han buscado reducir la corrupción mediante mecanismos que transparentan las decisiones del Gobierno, que persiguen administrativa y penalmente no sólo a los funcionarios sino también a los empresarios, y crean mecanismos que dificultan los actos de corrupción. Importante también es la persecución de los “peces gordos”, que podrían incluir hasta el mismo Presidente o gobernante, sus asesores cercanos, familiares y amantes -como hemos presenciado en varios países latinoamericanos. Y probablemente el enfoque principal de toda estrategia anticorrupción es tener unas autoridades independientes, que tengan la posibilidad de investigar y enjuiciar con base en las evidencias y no por presiones políticas. En casos extremos se aceptó la injerencia extranjera para asegurar la investigación independiente; botón de ejemplo es caso de Guatemala, donde se creó la Cicig (Comisión Internacional Contra la Impunidad) y debido a su eficacia está siendo desmantelada por el presidente Jimmy Morales. De hecho, muchos de los actos de corrupción que fueron propiciados por empresas en México, son castigados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos con multas de miles de millones de dólares. Por combatir la corrupción por parte de empresas estadounidense que hacen negocio en México, los fiscales del DOJ benefician las arcas de su País -castiga a las empresas; pocas veces, mejor dicho nunca, se castiga a los funcionarios corruptos mexicanos. La decisión que probablemente más choca con las mejores prácticas para combatir la corrupción alrededor del mundo, es el hecho de recortar los salarios de los funcionarios públicos, exigiendo austeridad sin corrupción. La gran interrogante es si esta estrategia permitirá que funcionarios públicos puedan aspirar a mantenerse como clase media, cuando en este momento muchos están teniendo que decir entre pagar la colegiatura de sus hijos, continuar con un seguro médico de gastos mayores, o dejar de pagar la hipoteca. Y esta austeridad republicana pondrá en entredicho hasta los más leales funcionarios públicos. Y aunque hay que reconocer que se van a aprobar reformas constitucionales que permitirán la extinción de dominio y la detención cautelar a los corruptos, la verdad es que, en este momento, el enfoque de la estrategia anticorrupción del Presidente es promover su imagen de líder moral, intachable, que exige que todos se comporten como él. El problema es que AMLO ya está usando la lucha en contra la corrupción con tintes políticos. A diario amenaza con la posibilidad de investigar a ex presidentes -incluyendo hacer una “consulta” sobre la posibilidad de poner en la picota pública a varios ex gobernantes mexicanos. Usa públicamente, y sospechamos que también en forma secreta, amenazar a políticos y críticos que podrían interponerse en su visión de llevar al País a la Cuarta Transformación. De hecho, su teoría de “borrón y cuenta nueva” parecería llevar a la inaudita posibilidad de que no sólo no se lleven a cabo investigaciones de corrupción propiciada por funcionarios de anteriores administraciones, sino permitir la liberación de gobernadores y funcionarios que actualmente están enfrentando un juicio. Sí, probablemente la estrategia anticorrupción de AMLO permitirá que Javier Duarte, ex gobernador de Veracruz, eventualmente esté libre. Y lo fascinante de esta estrategia es que no ha impactado en la popularidad del Presidente. Al contrario, en los últimos 100 días se ha fortalecido. La prueba de fuego será cuando surja información clara y contundente sobre actos de corrupción dentro de su gabinete. Si fueron actos que surgieron antes del 1 de julio, probablemente no impactará al funcionario por su política de “borrón y cuenta nueva”. Tal vez la estrategia de AMLO es anunciar las investigaciones, persecuciones y juicios cuando empiece a tener dificultades por las políticas equivocadas o por los secretarios incapaces. O porque simple y llanamente no podrá contener la violencia o la desaceleración económica del País. Entonces, al igual que con otros gobernantes, habrá investigaciones con tintes políticos en contra de ex mandatarios y continuará con las voces que lo critican o que se oponen a sus políticas equivocadas. Si AMLO reduce la corrupción en México, tal vez se justifique el sufrimiento de mujeres y niños que no tendrán acceso a guarderías, refugios y comedores comunales. Pero su estrategia de líder moral tiene más tintes de líder populista, dispuesto hacer uso de la fuerza y centralizar el poder, que combatir la corrupción.