Exigen información clara sobre plan de remediación del Río Sonora
El colectivo Comités Cuenca Río Sonora pide información clara y un plan integral ante el acuerdo de las autoridades estatales y federales con Grupo México para resarcir daños.

Información clara y transparente sobre las propuestas de acciones para remediación del daño en el Río Sonora, que se garantice la participación ciudadana y que se aclare el Fideicomiso Río Sonora, son algunos de los puntos que exige el grupo Comités Cuenca Río Sonora.
A través de un comunicado de Facebook, el organismo ciudadano creado en 2014, a raíz del derrame tóxico de la mina Buenavista del Cobre de Grupo México, el pasado martes se pronunció ante el anuncio que realizó el gobernador de Sonora sobre el resarcimiento de daños por el derrame tóxico ocurrido el 6 de agosto de 2014.
Este martes, el gobernador Durazo dio a conocer junto con la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodriguez, un acuerdo y un fondo de 2 mil 222 millones de pesos con aportaciones de Grupo México y de los Gobiernos federal y estatal, destinados a la remediación del Río Sonora y poner en marcha el Plan de Justicia para Cananea.
En ese acto, el mandatario destacó que en las acciones para el Río Sonora destacan la construcción del Hospital Regional de Ures, el cual contará con un Centro de Atención a la Salud Renal y un laboratorio especializado en metales pesados y toxicología.
También se planea edificar 16 plantas potabilizadoras, se equipará un laboratorio regional de calidad del agua y se instalarán tres estaciones de monitoreo permanente, y garantizó que la remediación del Río Sonora será real, verificable y permanente.
Pero integrantes de Comités Cuenca Río Sonora se mostraron inconformes ante la presentación del plan de trabajo del gobernador Alfonso Durazo, ya que aseguraron que les impidieron el ingreso al recinto y, tras exigencias, sólo un comité representante de la organización fue quienes lograron entrar al pronunciamiento.
Se explica en el boletín del organismo que el Plan de Justicia de Cananea presentado el pasado martes por autoridades federales y estatales aborda cinco ejes: Trabajo digno, atención médica y medicamentos gratuitos; bienestar, salud ambiental, derecho al agua y mejoramiento urbano.
El organismo destaca que dicho plan fue creado por el presidente Andrés Manuel López Obrador y durante su mandato “no hubo avances reales, ni justicia, ni remediación para las comunidades afectadas por el derrame”
Comités Cuenca Río Sonora asegura en el documento que la presentación del plan para resarcir el daño por la contaminación en el Río Sonora fue producto de las reuniones que el mismo organismo sostuvo desde meses atrás con la Profepa y Semarnat, y las propuestas no son nuevas y seguían sin respaldo presupuestal.
Exigimos un plan integral, intersecretarial, transexenal y publicado en el Diario Oficial de la Federación y denunciamos que, a casi once años del desastre, no existía una estrategia clara para obligar a Grupo México a Reparar los Daños, ni para cumplir las sentencias exigentes”, menciona parte del comunicado.
Vacíos estructurales
En su presentación, el gobernador Alfonso Durazo indicó que el 70.14% del presupuesto para el Plan de Justicia de Cananea le corresponderá a Grupo México; el 2.1% al Gobierno federal y el 8% al Gobierno de Sonora, que servirán para poner en marcha las acciones en la zona del Río Sonora.
Ante el anuncio, Comités Cuenca Río Sonora reconoció que esto marca un cambio a la arquitectura institucional, pero aún quedan vacíos estructurales que no pueden seguir sin respuesta y deben ser atendidos de inmediato y con plena participación ciudadana.
Entre sus peticiones, el organismo exige que se aclare de manera transparente qué sucederá con el Fideicomiso Río Sonora y que se dé a conocer el acuerdo y convenio con Grupo México.
También se enfatiza en el boletín que urge que se establezca una calendarización pública, con plazos verificables, con responsabilidades definidas y mecanismos de acceso a la información.
Además, la atención a la salud de todas las personas afectadas por el derrame tóxico debe ser prioridad inmediata y no una promesa futura, como se ha venido manejando durante casi once años.
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