Turna Congreso de Sonora iniciativas en materia de inclusión y justicia

HERMOSILLO, Sonora.- En sesión ordinaria, el Congreso del Estado de Sonora turnó a comisiones iniciativas sobre inclusión de personas con talla baja, sanciones por acoso sexual, educación financiera obligatoria, acceso inclusivo a la salud mental, combate a la venta o distribución ilegal de agua y apoyo anual a productores de granos básicos.

Al inicio, el diputado Jesús Manuel Scott Sánchez (MC) planteó fortalecer el marco constitucional local para ofrecer mayor inclusión y respeto a los derechos de las personas con talla baja, mediante su reconocimiento explícito, la prohibición de la discriminación y la creación de políticas públicas e infraestructura accesible que aseguren la igualdad de oportunidades.

La diputada Deni Gastélum Barreras (Morena) presentó una reforma al Código Penal que tipifica como delito grave el acoso sexual en espacios públicos, con penas de tres a ocho años de prisión por actos omo asedio verbal o físico, la toma de fotografías o videos sin consentimiento, tocamientos, exhibicionismo o persecución de una persona.

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Enseguida, la diputada Elia Sahara Sallard Hernández (Morena) propuso incorporar la educación financiera como un eje transversal y obligatorio en todos los niveles educativos en la entidad, desde primaria hasta universidad, con el fin de formar desde la infancia a personas responsables capaces de ahorrar, planificar, invertir y tomar decisiones económicas informadas.

En materia de salud mental, la diputada Jazmín Gómez Lizárraga (PT) impulsó una reforma a la Ley de Salud Mental para que las personas con discapacidad reciban atención psicológica y psiquiátrica accesible mediante ajustes razonables, tecnologías de apoyo, líneas telefónicas y plataformas digitales inclusivas, así como terapias y talleres diseñados para sus necesidades, tanto de forma presencial como remota o comunitaria.

La diputada Alejandra López Noriega presentó una reforma que clasifica como delitos graves la extracción, venta o distribución ilegal de agua, incluida la venta mediante pipas sin permiso, el suministro sin desinfección y cualquier alteración del flujo destinado a los usuarios, con penas de uno a seis años de prisión según la conducta.