Reducción de la pobreza

Batarete

Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía la población en pobreza en México pasó de 51.9 millones de mexicanos en 2018, a 38.49 millones seis años después. Una disminución de 13.41 millones de personas que salieron de la pobreza en ese lapso. Si el total de la población sobrepasa los 130 millones de mexicanos, se puede afirmar que el 10% de los connacionales elevó su calidad de vida a un nivel, digamos si no óptimo, sí al menos aceptable.

La pobreza es la situación en la que una persona, o colectividad, carece de los recursos necesarios para satisfacer sus necesidades básicas, como alimentación, vivienda, salud y educación, y no tienen la capacidad de producirlos. La pobreza también se puede entender como la falta de oportunidades para el desarrollo humano y la obtención de derechos culturales, económicos, políticos y sociales.

Este descenso de la población empobrecida todavía deja a un 29% de los mexicanos sumidos en una situación de carencias materiales y sociales que exigen un impulso económico para superarla, y un cuidado especial a la forma como se distribuye el valor producido entre la población, a escala nacional. Porque el meollo del problema no es la carencia de patrimonio, sino la forma como se ha repartido entre los mexicanos: Las dos terceras partes del valor total, va a las arcas del 10% de la población; y el 1% de los mexicanos se queda con un tercio de lo producido.

Esta dinámica económica tiene sus orígenes en la etapa colonial, pero en las últimas décadas se ha acrecentado la desigualdad. Al inicio del Gobierno de Carlos Salinas se firmó el Pacto para la Estabilidad y el Crecimiento Económico (PECE) para detener el proceso inflacionario y permitir un crecimiento moderado en la economía nacional. El objetivo se logró, pero con un deterioro de la capacidad productiva, la pérdida del valor real de los salarios, y el aumento del desempleo.

Uno de los puntos del PECE fue que los jornales mínimos deberían situarse por debajo de la inflación anual, disposición que se mantuvo hasta el Gobierno de Enrique Peña Nieto. Por un cuarto de siglo el salario mínimo crecía por debajo de la inflación. Fue un castigo a la fuerza de trabajo, exacerbó la polarización económica entre los ciudadanos y permitió la acumulación de grandes fortunas por un minúsculo segmento de la población.

Al final del Gobierno de Enrique Peña Nieto el salario mínimo estaba en 88 pesos diarios y unos 2,651 al mes. Unos meses después el presidente Andrés Manuel López Obrador concedió un aumento superior a la inflación, un 16%, para colocarlo en 102.7 diarios; siguieron los incrementos, y al final de su sexenio, en 2024, el mínimo alcanzaba los 249 pesos por día, y 7,470 al mes.

Tres meses después de su toma de posesión Claudia Sheinbaum fijó el mínimo en 278.80 diarios, y 8,364 al mes. En poco más de seis años los gobiernos de Morena subieron las percepciones mínimas en un 32.6%; esta inyección de efectivo a las familias de las y los trabajadores mexicanos se destina sin duda a mejorar su alimentación, y los servicios de salud, vestido y mejoras en la vivienda.

Es dable suponer que esa mejoría en las percepciones se destina sobre todo a subsanar esas necesidades vitales, y constituye una derrama monetaria que dinamiza la economía y permite avanzar un escalón mínimo aún, en el panorama de la equidad social.

Si a lo anterior se le añaden las pensiones y estímulos mensuales creados por el Gobierno de Morena, como son las pensiones Bienestar, para Personas con Discapacidad: 3,200 pesos. Apoyo para Niños y Niñas, Hijos de Madres Trabajadoras: De 1,650 a 3,720 pesos. Pensión Mujeres: 3,000 pesos y la pensión universal a adultos mayores, se puede percibir un imprescindible crecimiento del mercado interno, menos pobreza, mayores posibilidades de generar un desarrollo justo y equitativo, y un atisbo de esperanza.